El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que se falló que la cuantía de la indemnización del daño real y efectivo al que debe hacer frente el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane por la anulación de la licencia de instalación de una industria de aglomerado asfáltico en el polígono industrial del Callejón de la Gata "no podrá superar los 176.562 euros, frente a los 24.238.945 euros en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial, daños y perjuicios que reclamaba Canasfal Actividades SL, sucesora legal de Ruiz y Romero Firmes y Construcciones SL".

La sentencia del TSJC insta a la empresa a determinar y justificar con exactitud el importe económico de la indemnización que en tal caso debe abonar el ayuntamiento, "una vez quede justificada y documentada la inversión real realizada por la misma en lo que a las labores de montaje y desmontaje de la planta se refiere, sin que en ningún caso, pueda superar el límite de los 176.562 euros establecidos en la sentencia".

Todo ello con las debidas garantías para impedir un enriquecimiento injusto por parte de la empresa demandante. Quedan por tanto excluidos tal y como se anunció en diciembre de 2017, el lucro cesante, así como que el ayuntamiento asuma los costes de la parcela, bienes o maquinaria, los relativos a las licencias y proyectos, daño moral, al pago de la planta ni condene el pago de costas judiciales derivadas del procedimiento, "que deberán ser asumidas por igual por la parte denunciante y denunciada".

La licencia municipal fue anulada en su momento por los tribunales al incumplir los criterios reglados sobre distancias a núcleos de población fijados por la normativa medioambiental que protege a las personas cuya residencia está muy próxima a la actividad de producción de aglomerado asfáltico en caliente.

Tras conocer la resolución, la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, reconoció y agradeció públicamente la labor de la defensa, representada por los técnicos de los servicios jurídicos tanto del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane como del Cabildo de La Palma que, a juicio de la alcaldesa, "ha sido determinante de cara a la obtención del fallo emitido".