El Comité de Empresa del Consorcio Insular de Servicios ha presentado un escrito al presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, en el que plantea una serie de mejoras sociolaborales. Son trabajadores mileuristas, con peores condiciones que cualquier otro empleado de la administración local y que incluso soportan cláusulas en algún caso abusivas en sus contratos.
La representación de los trabajadores que se encargan de la recogida de los residuos urbanos expone que el Consorcio, donde están representados los catorce ayuntamientos y el Cabildo, "tiene que ser reconocido como organismo del sector público institucional con efectos desde el 2 de octubre de 2016 conforme a la normativa vigente", por lo que "es obligado" aplicar a sus empleados "el mismo régimen jurídico que al resto del personal adscrito a la institución insular, o en su defecto, el de las administraciones locales".
En realidad, son trabajadores que ni tan siquiera cuentan con un convenio colectivo referido a los residuos sólidos urbanos, del que sí disponen los operarios que prestan el mismo servicio en otras Islas. Tampoco disfrutan de pluses habituales en su colectivo, de toxicidad, penosidad o peligrosidad, ni tan siquiera con días de asuntos propios o cuadrantes anuales de vacaciones.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) expone que al tratarse de personal contratado en régimen laboral, a los trabajadores del Consorcio "se les debe aplicar el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo de Personal Laboral, y aquellas normas administrativas que en materia de personal sean de aplicación al conjunto de la plantilla".
La comunicación remitida a Presidencia implica "un vuelco espectacular en las condiciones de trabajo del personal del Consorcio, las cuales son infinitamente inferiores a las del resto del personal a los que debe equipararse", apuntan desde el CSIF.
El sindicato que representa a la mayoría del comité de empresa propone "la apertura del proceso de negociación colectiva que conduzca a la aprobación de un convenio colectivo, hasta ahora inexistente, y cautelarmente el estudio de las cláusulas contractuales anexas a los contratos de trabajo que se formalizan con los trabajadores, para su adecuación a la materia legal y convencional del personal del resto del Cabildo, o subsidiariamente, de las corporaciones locales".
Los representantes de los trabajadores pretenden "un nuevo escenario distinto al actual", que está regido "por normas mercantilistas o de empresa privada, absolutamente distintas a las que se aplican al personal de las administraciones públicas".
El CSIF espera "una adecuada receptividad por parte del Cabildo y la Gerencia del Consorcio que evite un escenario de conflictividad laboral no deseado, pero inevitable si la situación del personal del Consorcio no cambia radicalmente en los próximos meses".