El desarrollo urbanístico y turístico previsto en la Isla continuará siendo judicializado, según quedó al descubierto en la valoración realizada por ecologistas y partidos de izquierdas, agrupados en la plataforma auto denominada "Canarias por un territorio sostenible", sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la conocida como Ley de las Islas Verdes.
Dailos González, consejero de Podemos en el Cabildo de La Palma; Pablo Díaz, representantes del grupo ecologista La Centinela; Vanesa Catalán, de Izquierda Unida Canaria; Ramón González, miembro de Podemos en El Hierro, y Rubén Martínez, consejero de Sí Se Puede en el Cabildo de La Gomera, se mostraron satisfechos por la sentencia del TC, acusaron al Gobierno de Canarias de ocultar una parte "crucial" de la resolución y defendieron que el Constitucional "avala la tesis" de protección ambiental para las actuaciones previstas en la Isla.
Catalán hizo incluso hincapié en que por medio de esta ley, a través de la disposición segunda, se ha querido "rescatar todos los proyectos" previstos en el Plan Insular de Ordenación que el Tribunal Supremo había anulado, entre ellos "los cinco campos de golf", que han sido declarados "anticonstitucionales", una parte de la sentencia que para los representantes de estos grupos "se ha querido ocultar".
Sin embargo, más allá de las valoración resulta más importante las advertencias. En este caso, fue Santiago Pérez, concejal de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, el que avisó de que "hay asuntos sobre el que el Constitucional no se pronuncia" en esta sentencia, temas que a su juicio "quedan abiertos". En concreto, se refiere a los proyectos considerados de interés general, en concreto 21. A propósito, el veterano político apuntó que "cuando se vayan aprobando los proyectos uno a uno (...), los ciudadanos tendremos acceso a la jurisdicción ordinaria, al contencioso administrativo". "Hay un largo camino de garantías y de instrumentos procesales", sentenció.
Al ser cuestionado por lo que pareció en cierto modo una amenaza, Santiago Pérez indicó que se analizará "proyecto por proyecto y en los que se cometan atropellos, que en algunos ya existe, serán recurridos en la jurisdicción ordinaria" Dio otro paso más al frente para aclarar que en este proceso "se pueden plantear asuntos de inconstitucionalidad" que no fueron argumentados en esta ocasión "y que están abiertos a nuevos pronunciamientos del Tribunal Constitucional". No tienen nada preconcebido, la cuestión será "analizar cada expediente".