Samara Bermúdez es consciente de que en apenas una semana tendrá que abandonar la vivienda que ocupó en diciembre de 2015 en la Cruz de la Paloma, en Los Llanos de Aridane, pero reconoce que "no sé a dónde iré a vivir con mis tres hijos".

La denuncia del ayuntamiento por la ocupación del hogar cedido por el Gobierno de Canarias para personas sin recursos, en esta urbanización de promoción pública, motivó la resolución judicial que obliga al desalojo de la familia, tal y como EL DÍA adelantó en su edición del pasado sábado. La abogada de la joven tiene la opción de recurrir ante la Audiencia Provincial y que el juzgado de primera instancia paralice su sentencia como medida cautelar.

"¿Cómo llevo la sentencia?, con pesadillas por las noches. Me imagino que lo llevo como cualquier persona que tenga tres hijos y no sepa dónde puede ir a vivir si la echan de la casa", apunta Bermúdez. Al ser cuestionar por una alternativa habitacional, admite que "ninguna. No me queda otra que esperar el desahucio y esperar a que se apiaden de nosotros". Al mismo tiempo, reconoce que "aunque parezca mentira, todavía confío en que me den una solución. Bueno, me queda al menos la esperanza".

Samara Bermúdez, que vive en una casa sin abastecimiento de agua público después de que el ayuntamiento decidiera cortarle el suministro, recibe una Prestación Canaria de Inserción (PCI), que la destina "a la alimentación" de la familia "y al pago de facturas". Aclara que "estoy de acuerdo en pagar un alquiler social, que no tenga que elegir entre pagar un alquiler o darle de comer a mis hijos". "Estoy en los últimos seis meses de PCI", apunta.

Su hijo mayor, de 17 años, "conoce que estamos esperando el desahucio", admite la joven, de 36 años. "Él me apoya y me dice que todo saldrá bien", sentencia.