El Cabildo de La Palma ha tenido que presupuestar para 2018 una cantidad de unos 390.000 euros para hacer frente, en su caso, a la deuda que supuestamente mantiene con el arquitecto Fernando Menis por el proyecto de ampliación del auditorio insular, diseñado en Los Llanos de Aridane con un coste de 723.500 euros y que nunca se llegó a construir, una partida que se incorpora a las cuentas por imperativo judicial, según ha reconocido a esta redacción el responsable de Hacienda, José Luis Perestelo.

El denunciante mantiene que fue contratado de forma verbal en 2008 para la modificación del proyecto, lo que el expresidente José Luis Perestelo siempre ha negado apoyado también por la versión de técnicos de la institución, que afirman que en una reunión con el propio Menis dejaron claro que no se podía encargar. Sin embargo, la justicia ha dado la razón en dos instancias al arquitecto tinerfeño, la última en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aunque el Cabildo presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitución que todavía hoy no ha sido resuelto.

Perestelo hizo especial hincapié en que "vamos a seguir defendiendo los intereses del Cabildo en este asunto con todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance", ya que "aunque respetamos las decisiones judiciales, como no podía ser de otra manera, la verdad es que no existió contrato de ningún tipo, ni verbal ni por escrito, con ningún arquitecto para modificar el proyecto del auditorio insular", a pesar de que las primeras sentencias hayan dicho lo contrario.

El vicepresidente insular y consejero de Hacienda apuntó que "se ha incorporado esta partida por obligación; es una indicación del juez" que tanto políticos como los técnicos que informan del presupuesto "deben tener en cuenta y cumplir", aunque "eso no significa que se vaya a pagar con seguridad en 2018 lo que se reclama. Se pagará o no cuando haya una sentencia firme que no se pueda recurrir ante ninguna instancia. Lo dijimos desde el principio y lo mantenemos, vamos a llegar hasta el final".

Lo que sí ha tenido que pagar el Cabildo de La Palma son algo más de 31.000 euros correspondientes a la condena en costas de la defensa judicial de la parte denunciante.