José Luis Perestelo (CC), vicepresidente del Cabildo de La Palma, apoya sin miramientos la nueva regulación del transporte en guagua, con copago para las personas que tengan ingresos y el ajuste de rutas. Considera que es un proyecto bueno para la Isla porque ofrecerá un mejor servicio, abierto incluso a modificaciones, aunque a la vez es consciente de que su postura se distancia de la directriz marcada por la ejecutiva de su formación política.
Perestelo reconoce que "tal vez me equivoqué al no trasladar hace dos meses este debate a la ejecutiva de CC y me pueden reprender por ello, pero indudablemente es un proyecto que entra en la línea de coherencia que Coalición Canaria mantuvo en 2014 cuando se pusieron restricciones al acuerdo anterior de gratuidad para todos los pensionistas. CC en 2014, cuando yo no estaba en el Cabildo, no votó en contra de la restricción a determinados usuarios en función del nivel de renta, suprimiendo derechos a determinados colectivos".
El vicepresidente insular hizo hincapié en que "no estamos ante una iniciativa espontánea ni impuesta por nadie, sino que es producto del análisis y las recomendaciones de la asesoría externa y del propio servicio insular de Transportes. Se ha realizado un trabajo serio y es una filosofía que comparto plenamente". La participación en el costo del transporte "tiene que ser de manera solidaria; es decir, tienen que pagar más los que más tienen y aquellos que no tienen ingresos dispondrán de gratuidad con el bono social".
Perestelo fue aún más claro: "Estoy de acuerdo en que hay que establecer un copago". Que los pensionistas y desempleados con algún ingreso abonen el 20% del billete, el 80% restante estará bonificado: "Es una cifra razonable porque nace del consenso entre todos". Avisa de que "no es un proyecto fijo" sino que es modificable "teniendo en cuenta la aceptación que tenga y conforme vaya funcionando. "Será la propia ciudadanía la que nos irá diciendo si los cambios son buenos o si se tiene que hacer alteraciones", apunto.
En el tema de las líneas, el vicepresidente insular aclaró que en el transporte en guagua se llegaron a cubrir 3,2 millones de kilómetros en un año, "y conforme a los criterios de la asesoría externa, se trabaja en una reducción hasta los 2,7". "Si hay que modificar una ruta en concreto porque se ve que las necesidades así lo determinan, se hará". La orografía de La Palma "es la que es" y, por ello, "se contempla un transporte a la demanda, con el apoyo del sector del taxi", subrayó.
Perestelo dejó claro que "nadie está en contra de las líneas", pero tal vez "no hacen falta tantas frecuencias en determinadas rutas y sí fortalecer otras", como Santa Cruz de La Palma-Los Llanos de Aridane, o resolver conexiones en Villa de Mazo "donde habían problemas muy importantes".
Sabe que esta valoración está en contra de la línea marcada por CC: "No critico la decisión de la ejecutiva de Coalición Canaria en La Palma. Tiene todo el derecho del mundo a exigir a sus militantes que estamos en el Cabildo a que aceptemos las directrices de la organización. Espero que haya capacidad de diálogo para llegar a un acuerdo". "Estoy de acuerdo con que a partir de ahora todas las decisiones que se tomen en el Cabildo o en el Gobierno de Canarias que afecten a La Palma sean discutidas antes en el seno del partido, o que lo que afecte a los municipios sea discutido en los comités locales. Esa forma de trabajar me gusta y mucho", dijo.
Perestelo finalizó subrayando que "si la ejecutiva entiende que no se le consultó por parte de los compañeros en el Cabildo, tiene todo el derecho a quejarse". Espera "que tengamos la cintura y capacidad suficientes para tener voluntad de diálogo y resolver cuanto antes un asunto que no puede retrasarse en el tiempo".
IUC trasladó al salón plenario de Los Llanos de Aridane el debate sobre la nueva regulación en el servicio de guaguas, que afecta al municipio por la supresión de tres rutas que discurren por el casco y la periferia, solicitando dirigirse a la comisión insular de Transportes en contra de la eliminación de la gratuidad de los billetes para los desempleados y jubilados, manteniendo también todas las líneas. En el debate quedó al descubierto que el gobierno municipal (PP) y el principal partido de la oposición (CC) no estaban de acuerdo con que la propuesta se llevara ni tan siquiera a votación, sosteniendo ambos grupos que lo más recomendable a su juicio era dejarlo sobre la mesa hasta que hubiera un acuerdo cerrado, con rutas y modificaciones, por parte del Cabildo. Así se expresó tanto el nacionalista Pío Lorenzo como el popular Mariano Hernández. Por contra, Felipe Ramos sostuvo la importancia de dirigirse en estos momentos a la institución insular antes de que se produzca un acuerdo firme y quizás inamovible. Justo cuando la alcaldesa, Noelia García, iba a facilitar la votación, la secretaria municipal intervino para decir básicamente que en virtud del artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si un edil pedía que un asunto se quedara sobre la mesa hasta que se incorporaran documentos o informes, tal solicitud tenía que votarse con anterioridad a los acuerdos de la moción. Y así se hizo, quedando el asunto sobre la mesa.