La Palma tiene once puntos sin legalizar desde donde se vierte al mar. La mayoría son instalaciones públicas (depuradoras) y las menos pertenecen a particulares. La viceconsejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, acompañada por Jesús María Armas, directora general de Protección de la Naturaleza, se desplazó ayer a la Isla para informar sobre una guía explicativa para normalizar esta situación.
El vicepresidente insular y responsable del Consejo Insular de Aguas, José Luis Perestelo, intentó restar importancia a los vertidos que se están produciendo, afirmando que "estos vertidos pasan por depuradores y el Consejo Insular de Aguas mantiene un control exhaustivo, con análisis permanente de las aguas que se tratan en las depuradoras". Y en esta sentido señaló: "La ciudadanía debe tener la tranquilidad de que los problemas de ilegalidad son más por procesos administrativos que por el propio tratamiento de las aguas", sentenció.
Perestelo adelantó que la idea de Aguas es ir dotando a las depuradoras de un terciario "que permita la reutilización aguas ya tratadas".
La realidad, sin embargo, es que también existen otros vertidos sobre los que el Consejo Insular no tiene ningún control al ser de empresas o particulares.
Blanca Pérez subrayó que el número de vertidos que existen en La Palma "está en los porcentajes del resto de las islas, a excepción de El Hierro, que no tiene vertidos".