El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por vulnerar derechos fundamentales del policía local que destapó la supuesta desaparición de multas.
En la sentencia se advierte de que el agente afectado fue cambiado de la unidad de motorista a la que pertenecía a la de seguridad ciudadana "como represalia al ejercicio por el recurrente de sus derechos", por lo que "procede la estimación integra del recurso con la consiguiente anulación del acto administrativo impugnado y ordenando a la administración demandada que cese en la actuación de vulneración del derecho fundamental alegado".
Desde la denominada plataforma de trabajadores de la administración local se hace hincapié en que "la nefasta gestión de la administración no es una novedad", ya que anteriormente el Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife "dictó otra sentencia en el 2016 por vulnerar también derechos fundamentales ante la denuncia formulada por el mismo agente, al ponerse de manifiesto el acoso laboral que venía sufriendo por parte del Jefe de la Policía", una persecución "consentida por el regidor municipal Sergio Matos".
Aquella demanda acabó en una condena a la administración, así como a la indemnización económica del demandante, "unos gastos que deben pagar ahora el pueblo, teniendo que añadir los gastos de la asistencia de un letrado externo en la defensa de un codemandado, así como los gastos de otro abogado externo que representaba a la administración".
Desde esta plataforma se defiende que el agente de policía afectado "ha intentado solucionar siempre estas cuestiones en reuniones para evitar con ello tener que acudir a los órganos judiciales, siendo infructuosas".
Además, advierte de que "no existe ningún género de duda en llevar este caso por la vía penal", al considerar que "existen elementos suficientes para dirimir responsabilidades, añadiendo que el acoso y derribo se ha traducido en apertura de expedientes masivos por parte del Jefe de la Policía, pudiendo existir un abuso de poder y de atribuciones que le confiere la ley".