La contratación del gerente de la Bajada de la Virgen de 2015, Jesús Morera ("Susín"), fue irregular y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tendrá que abonar 2.052 euros al candidato que ocupó el segundo lugar en el concurso abierto para el puesto, Alberto Álvarez, según la sentencia, que puede ser recurrida, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El juez declara irregular esta contratación al haber sido contratado para el puesto a un concejal. En realidad, Jesús Morera renunció al cargo de edil antes de firmar el contrato, pero sí pertenecía al grupo de Coalición Canaria cuando presentó su oferta a la Gerencia de la Bajada.

En la resolución judicial se advierte de que Morera declaró el 22 de octubre de 2014 "no estar incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar, aún cuando con tal declaración faltaba a la verdad. El órgano de contratación, aún cuando era público y notorio que Morera ostentaba el acta de concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, no comprobó la veracidad de tal declaración a pesar de que venía obligado a ello por el Pliego de Condiciones Particulares y adjudicó a Morera tal contrato de servicios".

El denunciante, Alberto Álvarez, al que por justicia le hubiera correspondido gestionar las Fiestas Lustrales, manifestó a EL DÍA que "sabíamos que la contratación de Susín Morera estaba viciada desde el principio y ahora se me ha dado la razón. Es triste que no haya podido desempeñar el trabajo", advirtiendo de que "en su momento se solicitó por la vía administrativa la reposición de la decisión que habían tomado y no lo tomaron en cuenta".

Álvarez, consciente de que la decisión judicial es recurrible, recuerda que antes incluso de que el jurado creado para valorar las propuestas a la Gerencia de la Bajada anunciara la oferta ganadora, "ya en los medios de comunicación tanto insulares como regionales, se habían hecho eco de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma quería contratar al concejal Susín Morera. Fue un procedimiento que estaba viciado desde el principio".

A propósito, el afectado reconoce que "se sorprendió" de que cuando el ayuntamiento comunicó quién iba a ser el gerente, "comprobé que había quedado segundo y que el primero era precisamente la persona de la que hablaban con anterioridad los medios de comunicación".

La indemnización con la que se condena al ayuntamiento (2.052 euros) corresponde al 6% del presupuesto de licitación, un contrato que al final se adjudicó por 34.200 euros.