La empresa propietaria del edificio ubicado en Los Tarajales, denominado Balcón del Puerto, en litigio al haber sido construido dentro de la servidumbre de Costas en el barrio de El Puerto en Tazacorte, cuenta con una tasación independiente del inmueble, que supera los siete millones de euros, según ha podido conocer esta redacción.

Esa es la cantidad aproximada que, según la tasación de que dispone Renta Urbana SL (que absorbió a la mercantil Barcino Inmobiliaria SAU) tendrán que afrontar los investigados o, en último caso, el ayuntamiento bagañete como responsable civil subsidiario en el supuesto caso de que durante el juicio oral, aún sin fecha de apertura, el juez decida hacer suyas las tesis del Ministerio Fiscal, que entiende oportuna la demolición de la edificación.

La indemnización, siempre según el fiscal, no solo sería necesaria en caso de demolición, sino también si se decide que el inmueble no puede destinarse a fines residenciales originarios "por contravenir las normas y resoluciones vigentes". Por ahora, Renta Urbana SL sigue vendiendo, o intentándolo, los pisos de lujo del Balcón del Puerto, con la tasación en mano para dar mayor seguridad a la operación, aunque es indudable que las sentencias judiciales y el inminente juicio oral condicionan la voluntad de los potenciales clientes.

El caso Los Tarajales mantiene además otra vía abierta con futuro incierto. La sociedad Inversiones Cock ultima una pieza de calificación en la que solicitará ser indemnizada por una supuesta estafa. Esta empresa pretendió comprar el suelo donde se levanta el edificio Balcón del Puerto para la construcción de un hotel, pero en el último momento desistió al comprobar que el solar estaba en litigio, lo que hizo que el ayuntamiento la demandara por incumplir el contrato.

El caso La Nao, otro suelo en litigio con el alcalde relacionado

Los problemas urbanísticos en Tazacorte no finalizan desafortunadamente con Los Tarajales. En los tribunales está aún sin resolver, en lo que a responsabilidades penales se refiere, lo ocurrido con el suelo de La Nao, que arrastra una sentencia firme del Tribunal Supremo (TS), con fecha de 23 de febrero de 2012, que anuló la declaración de este suelo como urbanizable en el Plan General de Tazacorte, en el barranco de Tenisca, al confirmar como hecho probado que existió "desvío de poder", con el objetivo de beneficiar a un particular, por parte del arquitecto municipal y con su padre como intermediario. El alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, ya tuvo que declarar como imputado (ahora investigado) el 13 de julio de 2010 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane. La parcela, de 14,5 hectáreas, pasó de ser agrícola con protección paisajística a urbanizable de uso residencial en unos pocos meses, una operación urbanística que multiplicó por cuatro su valor, pasando de 550.000 euros a 2,2 millones. Diferentes fuentes consultadas defienden que es muy probable que en los próximos días el juez que lleva el caso emita una providencia con los investigados en este caso.