SANTA CRUZ DE TENERIFE. Lunes, 26 de marzo. Mediodía. Un incendio se declara en una vivienda de la calle Los Molinos, en Santa Cruz de Tenerife. Los bomberos intervienen. La vivienda estaba vacía... pero sólo aparentemente. Un grupo de ocupas (con «c», no con «k») había tomado ese techo prestado: se trata finalmente de personas con escasos o nulos recursos económicos, ahogados en una sociedad que les aboca a la marginalidad.

En los últimos años, casos como éste no son excepcionales en la Isla. EL DÍA sentó en torno a su mesa de debate a cinco personas con bastantes cosas que decir sobre la ocupación de viviendas. Un fenómeno que ha experimentado importantes variaciones en los últimos años: desde el movimiento okupa (prácticamente extinto como tal), contestatario y meditado, a la ocupación espontánea de los «sin techo», empujados por unas penosas circunstancias personales.

Manuel Morales, abogado y agente de la propiedad inmobiliaria; Fernando Rodríguez, coordinador de la Bolsa de Vivienda para jóvenes; Santiago Catalán, trabajador del proyecto Tamarco de Cáritas sobre exclusión social; Antonio Aguilar, jefe de la Policía Local de Santa Cruz, y Ruymán Afonso, responsable del movimiento juvenil Azarug, reflexionaron sobre un asunto ciertamente poliédrico, del que derivan multitud de implicaciones.

Inversión

Aun con evidente riesgo de simplificar los términos de una discusión que se prolongó durante casi dos horas, cabe concluir que la ocupación de viviendas en contra de la voluntad de la propiedad es ilegal, pero podría ser legítima y, en todo caso, moral. «¿Qué es más perverso - dijo en un momento Manuel Morales - que alguien, sin un techo y que está mojándose en la calle con su familia, ocupe un inmueble hasta que lo desaloje la Policía o que una persona compre una segunda vivienda y deje cerrada otra?». Además, se trata normalmente de una segunda vivienda que no lujosa ni amplia, de 60 ó 70 metros cuadrados, precisamente las más demandadas por futuros y nuevos propietarios.

La inversión inmobiliaria se convierte en una actividad especulativa, señaló, a la que hay que poner freno mediante la pertinente actuación fiscal y económica de la administración pública.

Santiago Catalán también se expresó en similares términos. La vivienda es una necesidad vital, su acceso es un derecho reconocido en la Constitución, pero de facto todos son obstáculos para que una persona con pocas posibilidades económicas pueda no ya comprarla, sino alquilarla. «Yo planteo el problema desde el punto de vista de una necesidad vital, no cultural o social, y ahí existe una evidente insensibilidad, no sólo de la administración pública, sino también de la propia sociedad». «Si una persona tiene un techo digno podrá mantener un empleo; si pierde el techo, al final perderá también el trabajo», dijo en otro momento.

Fernando Rodríguez, coordinador de la Bolsa de Viviendas para jóvenes, demandó políticas incentivadoras para sacar al mercado el gran parque de viviendas desocupadas y en estado ruinoso que existe fundamentalmente en el centro de la ciudades, por un lado, y una actuación pública en forma de ayudas o subvenciones que pueda hacer accesible la vivienda a colectivos desfavorecidos. «No se trataría de regalar la venta o el alquiler, porque eso al final resulta contraproducente, sino de permitir la igualdad de oportunidades en el acceso a una vivienda.

También en casos extremos, Rodríguez apuntó que si las leyes pueden no reconocer la propiedad, sí se podría reconocer el uso que particulares o colectivos han hecho de inmuebles vacíos que no son reclamados por la propiedad.

A este respecto, Morales, que además de agente de la propiedad inmobiliaria, es abogado, matizó que esa posibilidad se recoge en el Código Civil, que data de finales del siglo XIX, a través de una figura que se denomina usucapión, consistente en el reconocimiento a un derecho por el tiempo que determine la ley. En este sentido, señaló que si se puede demostrar documentalmente el uso continuado éste puede dar lugar al derecho de la propiedad, salvo para las propiedades públicas.

Ruymán Afonso centró su intervención en el aspecto sociocultural de la ocupación. En ese sentido, señaló que organizaciones como la suya, que pretende vertebrar y estructurar un movimiento cultural, se encuentran con grandes impedimentos a la hora de disponer de infraestructuras y de contar con subvenciones públicas «que no llegan o cuando llegan, lo hacen tarde y mal». Ante esas carencias, Azarug ha instalado en la Casa Taucho, en la santacrucera calle Serrano, el auténtico núcleo neurálgico de su actividad. Demandó también la implicación de las administración con unos jóvenes que quieren formarse y divertirse con conciencia y espíritu crítico.

Vericuetos jurídicos

Antonio Aguilar, jefe de la Policía Local de Santa Cruz, indicó que este cuerpo sólo actúa cuando hay una denuncia formal de la propiedad y que su papel, a pesar de que pueda resultar ingrato en momentos determinados, consiste en velar por el cumplimiento de la legalidad. La Policía se encuentra muchas veces con dificultades a la hora de desentrañar auténticos vericuetos burocráticos y jurídicos en esta materia, puesto que la picaresca de propietarios y «ocupas» es frecuente.

Un problema añadido a la ocupación de viviendas es la cada vez mayor afluencia de inmigrantes con escasos recursos, que necesitan buscar un techo porque, lamentablemente, los espacios habilitados para ellos por las administraciones, como los albergues, se quedan pequeños.