SON muchos los avances conseguidos por las mujeres en el último cuarto del siglo XX. No podemos obviar, por ejemplo, lo que supuso para las mujeres españolas la instauración de la democracia en nuestro país, la entrada en vigor de la Constitución y el establecimiento de políticas denominadas de acción positiva desde principios de la década de los ochenta. Todo ello ha posibilitado la puesta en marcha de una serie de medidas que a su vez han permitido erradicar graves situaciones de discriminación legal.

Hemos avanzado. Hemos conseguido la igualdad legal, pero conviene preguntarse si también hemos logrado la igualdad social. Todavía vivimos en una sociedad en la que subsisten discriminaciones cuyo germen se encuentra en la mayoría de los casos en los distintos papeles que tradicionalmente se han asignado a los hombres y a las mujeres.

Tenemos que acabar con la diferenciación de funciones, pues tanto unos como otros contribuimos al desarrollo social, económico, deportivo, cultural y científico, y tenemos que hacerlo desde la igualdad. La sociedad la construimos entre todos, hombres y mujeres.

Por ello, no es un avance para la mujer reivindicar una serie de profesiones por su masculinidad, asignándonos habitualmente un papel por debajo de nuestras posibilidades. Hay que aspirar a dar a cada miembro de nuestra sociedad lo mejor, sea hombre o mujer, y después que cada uno elija. No podemos quejarnos de que no somos muchas las que alcanzamos cargos públicos y después elaborar un plan en el que se hace hincapié en los cometidos dependiendo de su carga varonil.

Las mujeres sufren una mayor dificultad a la hora de acceder a un empleo y el escollo más importante lo encuentran en los obstáculos que hoy en día existen para hacer compatibles las responsabilidades familiares y laborales. Se necesitan políticas activas que fomenten el acceso y la permanencia de la mujer en el mundo laboral. Que la maternidad, sin ir más lejos, no suponga una traba a la hora de valorar las cualidades de una persona para desempeñar un trabajo.

Es imprescindible que se pongan en marcha servicios públicos suficientes que garanticen la atención, tanto a la infancia como a las personas mayores y enfermas, permitiendo a hombres - también a ellos - y mujeres hacer compatible la vida familiar y laboral. Es necesario que se normalicen los trabajos que en la mayoría de los casos desempeñan mujeres inmigrantes y que convierten a la economía sumergida en una perita en dulce para algunos empresarios.

Otro capítulo que no se puede obviar al abordar esta materia es la lacra de los maltratos. Urge una ley para la violencia de género que posibilite la lucha contra esta infame costumbre del golpe y la paliza. Hay que trabajar además desde la escuela, en la familia y con los medios de comunicación. Hasta ahora se han puesto medidas, pero no se ha logrado impedir que el problema siga creciendo. Debemos formar a los más pequeños, pero qué hacer con los que ya han pasado por esa etapa.

En este campo, el Gobierno debe coordinar las actuaciones que las diferentes administraciones implicadas en la lucha contra la violencia de género deben llevar a cabo. Debemos mejorar la respuesta social que reciben las víctimas y dar mayor prioridad a la protección.

Todos, insisto, tenemos que conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Primero por justicia, y, segundo, porque esta sociedad que no camina, sino que corre en avances de todo tipo, no puede progresar si continúa especulando con un derecho legítimo como el de la igualdad.

* Concejal del Grupo Socialista en Santa Cruz de Tenerife