Piso de lujo, materiales de primera calidad, dos habitaciones con vistas espléndidas y a dos pasos del centro. Éste podría ser uno de los múltiples reclamos publicitarios con los que se encuentran los que desean acceder a su primera vivienda y es posible que se ajuste a las aspiraciones de muchos jóvenes de las Isla. A primera vista parece no tener inconvenientes, salvo que su precio (más de 118 mil euros) supera con creces las posibilidades de una familia media canaria.
Para salvar esta circunstancia y aproximar la oferta de vivienda a las necesidades reales de los ciudadanos es fundamental afrontar una serie de medidas que pasan por el descenso del precio del suelo, el incremento de viviendas de protección oficial como elemento compensador o una mayor implicación de las administraciones con competencia en la materia. La única vía o más importante, para ajustar el mercado, parece ser una intervención pública eficaz en la planificación, gestión y promoción de las actuaciones en vivienda.
Las estadísticas colocan a Canarias entre las comunidades autónomas donde más esfuerzo requiere la adquisición de un inmueble. Este año, la subida de los precios de nueva edificación se sitúa en un 15 por ciento y no son mucho más halagüeñas las perspectivas del mercado de la vivienda usada, pues un piso de segunda mano ronda los 1.200 euros por metro cuadrado.
Las causas del aumento desproporcionado del valor de la vivienda en el mercado del precio libre responden a numerosos factores coyunturales, además de los aparejados a los territorios isleños de la limitación de suelo y carestía propia de las zonas turísticas, según coincidieron en señalar los invitados al debate de EL DÍA.
El director general de Vivienda del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, manifestó que el aumento del sector servicios, sobre todo turístico, en el Archipiélago propicia el encarecimiento del suelo y, por tanto, de la vivienda.
El crecimiento económico también ha jugado un papel importante, pues ha repercutido en la subida de los costes de producción y de mano de obra de la construcción, a juicio de Pulido.
La presión demográfica y la "fuerte inmigración" en las Islas, con el incremento de las segundas residencias, es otro fenómeno peculiar que afecta al mercado de la vivienda, cuyos precios también se han disparado por la reciente entrada del euro.
El director general de Vivienda subrayó que el mercado se infló al ser la inversión inmobiliaria un bien rentable seguro en el que se ha introducido mucho dinero negro. No obstante, agregó que el precio de la vivienda ha aumentado de forma similar en todo el Estado.
Reforma legislativa
"La realidad es que en diez años el valor de la vivienda se ha incrementado en más de un 50 por ciento y que los factores de fondo están en las políticas nacional y regional de suelo", aseveró Ignacio Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Obras Públicas de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Rodríguez abogó por un cambio en profundidad de la actual ley del suelo, así como de la legislación que regula la expropiación forzosa con el fin de poder actuar sobre las zonas pobladas.
El también alcalde de La Matanza agregó que no se puede culpar a los ayuntamientos de la subida de los precios, porque "los empresarios deberían medir sus beneficios" y el Ejecutivo, "que tiene las competencias reales" en la materia, es "el principal responsable de la escasez de viviendas de protección oficial". Al respecto, destacó que el Plan Canario de Vivienda debería dar respuesta al 80 por ciento de las familias con ingresos por debajo de los 18 mil euros anuales.
Respecto a la especulación en la gestión del suelo, reconoció que "es probable que se pueda acusar a algunos" alcaldes, pero aseguró que la inmensa mayoría hace un "gran esfuerzo" para la disposición de suelo público.
Planificación "sin visión"
Los incentivos fiscales y en especial la Reserva de Inversiones de Canarias actúan como elementos que distorsionan el mercado inmobiliario al repercutir en un incremento de la demanda "normal" de vivienda, según expuso Carlos Cruz, secretario de la Junta Directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco).
Cruz criticó la planificación urbanística desarrollada
por algunos municipios canarios. A su juicio, se ha aplicado en núcleos poblacionales
una política "sin visión de
futuro" al potenciar edificaciones a tres alturas (que
encarece la venta), cuando se
podía "haber evitado en un 25
por ciento la afectación de
territorio".
El representante de Fepeco
echó en falta un concepto de
urbanismo más avanzado porque, a su entender, en barrios
como el Polígono del Rosario
(Santa Cruz de Tenerife) se
"ha bajado la edificabilidad a
cotas insospechadas" y se ha
creado un tipo de urbanización alejado de su contenido
real.
Carlos Cruz insistió en la necesidad de distinguir entre la evolución de los precios de las viviendas libres y los parámetros de las de protección oficial, pues, estas últimas, resultan mucho más asequibles para el comprador.
Puso en tela de juicio la adquisición de suelo por motivos, meramente, especulativos y afirmó que la Administración debe agilizar los calificaciones de las viviendas protegidas.
Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores de España en la provincia (UCE - Tenerife), coincidió con Cruz en que la planificación urbanística ha sido "deplorable" y abogó por un modelo de edificabilidad compacto pero con calidad y servicios suficientes.
Puso de relieve que, aunque ha existido un auge económico, la desigualdad social se mantiene y que el mercado de la vivienda debe dar respuesta a las necesidades de toda la sociedad.
Alonso denunció la falta de mecanismos para lograr una moderación en la subida de los precios y consideró "muy difícil" poder frenar la especulación.
El portavoz de los consumidores reivindicó una oferta mayor de vivienda de protección oficial, porque se mostró convencido de que el mercado por si solo no va a resolver el problema.
Nuevas expectativas
La puesta en marcha este año del nuevo Plan de Vivienda de Canarias con vigencia hasta 2006 y la tramitación en el Parlamento Autónomo de la Ley de Vivienda ha generado ciertas expectativas respecto a un cambio en la gestión de los recursos disponibles en las Islas para intervenir en el mercado inmobiliario.
La mayor implicación de las administraciones locales en la gestión responsable del suelo y en la promoción pública es sólo una parte de la nueva política para afrontar un problema acuciante en el Archipiélago.
