Guste o no guste, se entienda como una noble y sana actividad, herencia del pasado humano y de su íntimo contacto con la naturaleza, o como una práctica indigna, más propia de sanguinarios que de deportistas y amantes de la naturaleza, la mayoría de los entendidos no duda de que la caza, con los lógicos límites que cabe imponerle, jamás dejará de constituir un elemento fundamental para la conservación de la biodiversidad, sobre todo en territorios como el canario, donde una especie animal puede poner en jaque la supervivencia de las demás si el hombre no controla su distribución y número.
Así al menos parecen concluirlo los seis invitados de esta semana a la mesa de debates de EL DÍA, que divergen, sin embargo, en muchos otros aspectos relacionados con el presente de esta práctica en el Archipiélago y, sobre todo, con lo que cabe esperar para el futuro de la misma.
Alejandro Fariña, presidente de la Federación Canaria de Caza, Antonio Porras, presidente de la Asociación de Cazadores Los Chicharreros, y Ramón Delgado, como secretario de la Asociación de Sociedades de Cazadores de Canarias, aunque con evidentes discrepancias, se encargaron de poner de manifiesto algunas de las reivindicaciones del colectivo ante la Administración, representada en este caso por Wladimiro Rodríguez Brito, consejero insular de Medio Ambiente, y Juan Luis Rodríguez Luengo, biólogo del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias. La voz ecologista fue defendida en esta ocasión por Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
Reivindicaciones
El colectivo de cazadores propone que, ante los recortes que ha sufrido la temporada en los últimos años por la importante disminución de conejos y perdices, deberían habilitarse al menos una decena de campos de adiestramiento y de tiro en Tenerife, además de los que fueran necesarios en otras Islas, con el fin de poder mantener a los perros en forma durante todo el año y de paso "matar el gusanillo" de practicar este deporte fuera de las épocas de veda.
Otra de las peticiones expresada por los cazadores es que se libere a las personas mayores de 65 años de pagar su licencia anual, puesto que, además de las limitaciones económicas que suelen tener muchos de ellos, son numerosas las ocasiones en que se limitan a acompañar a sus familiares o amigos en una jornada de caza y sin capturar una sola presa.
Además, inciden en la injusticia que, en su opinión, se está cometiendo desde hace años con los cazadores canarios, ya que se les obliga a vacunar anualmente a sus perros contra la rabia en lugar de hacerlo cada dos o tres años como ocurre en otras partes del país.
No entienden tampoco que la cercanía con el continente africano sea esgrimida a menudo como condicionante de una vacunación más frecuente, ya que no ocurre así en otros territorios parecidos, como Andalucía o las ciudades de Ceuta y Melilla. De ahí que sospechen que esta decisión se mantiene equivocadamente por puro afán recaudatorio.
Captura y traslado
Otra de sus reivindicaciones de los últimos años apuesta por corregir la escasez de conejos en algunas zonas de las Islas. Como solución proponen que la administración competente, en este caso los cabildos insulares, acometan anualmente un plan de captura de ejemplares de conejo cerca de la costa, donde más abundan, para devolverles la libertad donde los cazadores más los echan de menos.
La visión de los responsables políticos del medio ambiente y de los ecologistas difiere, sin embargo, sobre muchas de las apreciaciones manifestadas por los aficionados a la caza.
Eustaquio Villalba, por ejemplo, considera que el ejercicio de esta actividad debe estar siempre supeditada a la conservación de la biodiversidad, más si cabe en territorios como el canario, siempre proclives a desestabilizarse al mínimo descontrol cinegético.
Ovejas negras
En su opinión, en coincidencia con lo manifestado por Wladimiro Rodríguez y por el representante del Gobierno de Canarias, no se puede ser contrario a la caza menor por sistema, dada su relevancia para el control cinegético, pero ésta debe estar sometida a unos límites que la hagan compatible con el medio ambiente, combatiendo de paso a las "ovejas negras" que existen entre el colectivo, que lo ponen en peligro con disparos indiscriminados.
Entre las medidas de control que proponen destacan la exigencia de que los cazadores se sometan a un examen que dé cuenta, no sólo de su preparación como tiradores responsables, sino también de su conocimiento y respeto por las especies protegidas del Archipiélago.
El representante de ATAN se opone frontalmente, además, a la repoblación artificial de conejos en ciertas zonas o a que se gaste dinero público en la crianza de perdices con el solo fin de ponerlas en el punto de mira de los cazadores.
Wladimiro Rodríguez tampoco apuesta por trasladar conejos de unas zonas a otras, ya que, en su opinión, provocaría que las enfermedades que les afectan, y cuya virulencia ha aumentado en los últimos años, se transmitan aún con más facilidad.