Los problemas crecientes de inseguridad ciudadana y la continua reclamación de las autoridades e instituciones canarias a la Administración central para el incremento de las plantilllas de las fuerzas de seguridad del Estado (FSE) en el Archipiélago han vuelto a reabrir el debate sobre la creación de una policía autonómica en Canarias. ¿Es necesario ese nuevo cuerpo? Y en caso afirmativo, ¿a qué modelo debe responder? Para discutir sobre ésta y otras cuestiones relacionadas, EL DÍA sentó en torno a su última mesa de debate a varios representantes políticos, vecinales y policiales. En concreto, asistieron los diputados regionales Alfredo Belda (CC), Julio Cruz (PSOE) y Nirva Macías (PP); el jefe de la Policía Local de Icod de Los Vinos y miembro de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias por Comisiones Obreras, Rafael Mesa, y el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) Aguere, Tomás Rodríguez.

El primer punto de partida del debate fue la coincidencia en el análisis de la evolución de la inseguridad ciudadana de la Isla, lo que requiere de actuaciones para atajar un fenómeno que parece crecer indefinidamente. Las discrepancias llegaron en los métodos para hacerle frente.

Julio Cruz, diputado socialista y portavoz de este partido en la comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Económico, consideró evidente el problema de inseguridad ciudadana, sobre todo en las zonas metropolitanas y turísticas, pero aseguró que la forma de hacerle frente es, ahora mismo, exigir al Estado que dote adecuadamente a las FSE, con déficit importantes que cuantificó en 800 agentes, y que la media de efectivos policiales por población (de hecho) se equipare a la media. Eso, en tanto que se pueda poner en marcha el plan del PSOE a nivel nacional sobre policía, cuyo modelo prevé también un cuerpo autonómico o territorial.

Alfredo Belda, portavoz adjunto de CC en el Parlamento, indicó que hay una realidad social evidente y es la demanda de mayores medios en materia de seguridad ciudadana. "Si a esa necesidad añadimos que el artículo 34 del Estatuto de Autonomía contempla la posibilidad de crear la policía autonómica, estamos de acuerdo en ponerla en práctica, porque eso significará un aumento en la seguridad para nuestros ciudadanos".

Rafael Mesa, por su lado, expresó el apoyo de su organización sindical a la creación de la Policía Autonómica, pero matizó que debe ser un cuerpo que respete las especificidades canarias y no se copie literalmente el modelo catalán o vasco, una apreciación que también compartió Belda.

Por parte del PP, la diputada Nirva Macías señaló que lo que se debe hacer en un principio es profundizar en el modelo policial existente y una vez subsanadas las deficiencias se podría plantear la posibilidad de crear algo nuevo. La parlamentaria señaló, en cualquier caso, que el problema de la inseguridad no se resuelve sólo con medidas policiales y llegó a asegurar que el déficit de las FSE es inexistente en las Islas desde el año 96 y que ahora mismo los datos demuestran que el Archipiélago está por encima de la media nacional. Se trataría, en su opinión, de mejorar los recursos actuales y potenciar a las policías locales, con muchas competencias para luchar contra la inseguridad, y su coordinación.

La afirmación sobre el déficit provocó la inmediata reacción del resto de invitados al debate, que expresaron su desacuerdo con las valoraciones de la representante popular. Así, Julio Cruz dijo que la existencia de déficit está contrastada con datos y que las insuficiencias son reconocidas por el propio Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y las instituciones canarias. Belda subrayó que "si no existiera ese déficit, el ministro no se hubiera comprometido a enviar trescientos nuevos policías".

Origen peninsular

Sobre esta cuestión, el representante policial dijo que sí hay insuficiencia de plantillas, pero que el principal problema es el planteamiento que realiza el Ministerio. A saber: "De las trescientas personas que mandarán ahora, son alumnos de academia, que en seis meses se marcharán". Mesa también criticó la actuación de los ayuntamientos y de su federación, que no se ha querido mojar en el asunto de la seguridad y no reconocer que tienen déficit en sus policías". Recordó, a modo de ejemplo, que cuando él entró en la Policía Local en Santa Cruz, hace 22 años, había 307 agentes en la calle y hoy no llegan a los 300.

Macías respondió a las críticas diciendo que es cierto que hace 6 años había déficit en la Policía Nacional y la Guardia Civil, cosa que no ocurre en la actualidad. "Cosa distinta es que la gran mayoría de agentes que vienen a Canarias tengan origen peninsular y después de algún tiempo regresen a sus casas".

Alfredo Belda aseguró que el cumplimiento de los ratios en Canarias es difícil, porque hay que tener en cuenta la dispersión que implica la insularidad, con los que las medias válidas para territorios continentales no lo son para los insulares.

Cruz respaldó esta tesis y aseguró que "aquí tenemos ocho aeropuertos, siete puertos... un montón de servicios que tienen que cubrir las Fuerzas de Seguridad del Estado y lo que es evidente es que la inseguridad en la calle ha aumentado".

Sobre este último aspecto, Tomás Rodríguez, representante vecinal, aseguró que existen carencias significativas en los cuerpos policiales y que en las reuniones que mantiene la Subdelegación del Gobierno con los vecinos, siempre se habla de las unidades que faltan. A modo de ejemplo, citó que en La Laguna hay 80 unidades menos del Cuerpo Nacional de Policía que hace ocho años. "Teniendo en cuenta el aumento de la delincuencia y de los servicios a prestar, es muy significativo el descenso. Además de poner el acento en el aumento de las unidades hay que prestar atención también a que sean canarios y tengan conocimiento del medio en el que trabajan".

Una apreciación compartida por Alfredo Belda, quien reclamó estabilidad de las plantillas y quien dijo que esa condición estaría garantizada con la policía autonómica.

Cruz rompió una lanza en favor de los ayuntamientos y dijo que no se les puede culpar de los problemas de inseguridad en exclusiva, por sus propias características. También insistió en la necesidad de reforma judicial para evitar que los delincuentes salgan al a calle "antes casi de que se formalicen totalmente las denuncias de los ciudadanos".

Mesa indicó que, en todo caso, la responsabilidad del incremento de la delincuencia es compartida entre todas las administraciones y volvió a insistir en que los ayuntamientos se han alejado de la problemática de la seguridad, para realizar un llamamiento, compartido por todos, para mejorar la coordinación.