La modificación del Mapa Sanitario de Atención Primaria de Canarias, cuyo borrador se presentó hace dos semanas en la capital grancanaria, vuelve a poner de actualidad algunos e importantes asuntos de la política sanitaria de Coalición Canaria (CC) en este Archipiélago. El documento, fruto de tres años de trabajo, representa mucho más que el mero anuncio de construcción de 28 nuevos centros de salud por la Consejería de Sanidad y Consumo en los próximos siete años. De hecho, sirve para planificar el reparto de las inversiones en este capítulo entre las Islas, la adscripción de los incrementos de plantilla en un ámbito de la asistencia sobrecargado de trabajo y la dotación de nuevos servicios sanitarios.

De ahí que su contenido haya sido mirado con lupa por los sectores socio - políticos con representación en el Consejo de Salud de Canarias y que, le guste o no al Gobierno, ha sido objeto de contundentes críticas que han hecho reaparecer el fantasma del pleito insular, nuevamente materializado en forma de desequilibrio inversor a favor de Gran Canaria.

La importancia de todos estos asuntos animó a EL DÍA a celebrar esta semana un debate en el que dirigentes del Servicio Canario de Salud (SCS), líderes sindicales y políticos expresaran sus puntos de vista sobre la modificación del Mapa Sanitario de Atención Primaria de las Islas.

El encuentro tuvo lugar en la mañana del miércoles y reunió en la sala de juntas de esta Casa a Alberto Talavera, director del SCS; Mercedes Cueto, jefa de Servicio de Atención Primaria de este departamento; Mercedes Roldós, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias; Álvaro Argany, portavoz del Partido Socialista Canario en la misma comisión, y César Rodríguez Maffiotte, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la provincia tinerfeña. No acudió a la cita ningún miembro de UGT, sindicato que fue invitado y confirmó su asistencia.

La intervención en último lugar de los representantes del SCS pareció no agradar al conjunto de los contertulios, de ahí que se reproduzca a continuación lo fundamental de las intervenciones de Mercedes Cueto y Alberto Talavera en primera instancia. De esta manera, el SCS evitaría un pronunciamiento a la defensiva sobre el Mapa, como advirtió su titular, y le permitiría arrancar la sesión con información de primera mano, algo que echó en falta Álvaro Argany.

Trabajo serio

"Detrás de la modificación del Mapa Sanitario de Canarias hay tres años de trabajo, por lo que no es fruto de la improvisación", aseguró con rotundidad Mercedes Cueto, para quien la propuesta presentada en el Consejo de Salud de Canarias "es el resultado de un trabajo muy serio", fruto del empleo de unos criterios objetivos para que "todos los ciudadanos tengan la misma accesibilidad a los centros de salud y dispongan de la misma asistencia sanitaria", dijo.

Para ello, el SCS ha procurado la correspondencia entre áreas de salud y municipios y evitará que estas sobrepasen los 25 mil habitantes, procurando que "no peligre la personalización" de la asistencia en este ámbito.

Para elaborar la propuesta de modificación del Mapa, el SCS tuvo en cuenta las aportaciones y sugerencias de asociaciones de vecinos, trabajadores, municipios, gerencias y direcciones generales del departamento, explicó Cueto. El trabajo incluyó la visita a cada una de las Islas y, "con cronómetro en mano", se calculó la distancia de los distintos núcleos poblacionales con los solares en los que se levantarán los 28 nuevos centros de salud, para buscar un equilibrio en las distancias del que se beneficie el conjunto de usuarios.

"Con todo esto hemos elaborado una primera propuesta", recalcó la jefa de Servicio de Atención Primaria, que recoge que los crecimientos poblacionales en Canarias se concentran básicamente en las dos áreas metropolitanas de las Islas capitalinas, las de Gran Canaria - Telde y Santa Cruz - La Laguna, así como en la zona sur de las mismas, debido a la inmigración y el turismo.

El director del SCS matizó al inicio de su intervención que el documento "se presentó primero al Consejo y no a los medios de comunicación" y que se han cumplido "todas las disposiciones legales en cuanto a participación", a lo que añadió que le gustaría que hubiera un consenso político sobre el documento.

Aclaró que el Mapa "trata materializar la esencia misma del sistema sanitario público, que es la equidad, y supone el acercamiento de los dispositivos de Atención Primaria a los lugares donde residen los ciudadanos, con independencia de consideraciones de renta o de pertenencia a partidos políticos de los alcaldes, lo que supone hacer frente a presiones muy fuertes por parte de quienes piensan que deben tener un trato de favor".

Talavera recalcó que "el trabajo ha sido riguroso", sustentado en "criterios de accesibilidad, poblacionales y de dotación de recursos humanos", a lo que añadió que no se trata de cuestiones "grabadas en piedra, por lo que los crecimientos se monitorizarán al objeto de que no se superen las cifras óptimas de reparto entre médicos y población".

Estas cifras se han situado en las 1.750 tarjetas sanitarias por médico de familia y enfermero y en los 1.250 niños por pediatra, para las que se han estimado un incremento total de las plantillas en 1.000 profesionales hasta 2007.

Alberto Talavera recalcó que los criterios utilizados "emanan de leyes básicas del Estado", pero aún así la toma de decisiones sobre el reparto de recursos "no es fácil, puesto que por lo general hay intereses encontrados, como el pleito insular o entre municipios que algunos plantean".

Sin embargo, para el resto de los contertulios el contenido del Mapa y la coyuntura socio - política en el que se ha dado a conocer, definida por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales, plantea más de una objeción.

La mirada crítica

Mercedes Roldós (PP) reprochó, al inicio de su intervención, que el documento no se hubiera presentado ante el Parlamento de Canarias, para advertir a continuación que "algunos de los centros de salud previstos ya están hechos" y citó el caso del de Tafira - Maspalomas. Insistió en que el Mapa "es algo más que la redistribución de los recursos" entre la población del Archipiélago, una tarea desde su punto de vista "inútil" si no se acompaña de los incrementos de plantilla indispensables.

Recalcó que la mejora de la asistencia sanitaria en Atención Primaria abarca, además, la definición de la cartera de servicios, la puesta en marcha del plan de urgencias, "que debía haber presentado ya la Consejería de Sanidad", y el cumplimiento de los ratios de profesionales sanitarios por habitante, lo que haría posible desarrollar la medicina preventiva.

No obstante, criticó que se ha empezado por lo más fácil, "por decir cómo quedará cada isla o comarca en el Mapa", dijo, sin entrar en cuestiones más relevantes, como la financiación o los incrementos de plantillas necesarios, lo que a su juicio implicaría la puesta en marcha "de una nueva política sanitaria en Canarias". El diputado del PSC fue especialmente crítico con la gestión del Gobierno en materia sanitaria, porque "no ha sido capaz en cuatro años de sacar adelante ni una sola ley", de ahí que lo acusara de "incapacidad" para cumplir con sus obligaciones.

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A su juicio, cuando la Administración habla de equidad en el acceso a los servicios entra en una clara contradicción, al sospechar que las listas de espera esconden diferencias apreciables en el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios en función de su residencia.

De ahí que pidiera al director del SCS que dijera "cuáles son los criterios que maneja el Gobierno para la accesibilidad a los servicios, porque no los conocemos".

Por su parte, César Rodríguez Maffiotte dejó constancia de que le hubiera dado "más garantías" que la modificación del Mapa se hubiera dado a conocer después de las elecciones de mayo.

Aseguró que con la información facilitada por la Consejería, las cuentas que saca su sindicato arrojan un nuevo desequilibrio inversor y puso de manifiesto el temor "de que el personal sea dividido" entre los centros de salud de nueva creación, en lugar de procederse a nuevas contrataciones.

El presidente de la CESM - Tenerife insistió en que le gustaría disponer de más datos para valorar con más amplitud el documento, aunque de antemano aseguró "que las inversiones no pueden ser iguales en las dos Islas capitalinas porque la situación de partida no es la misma, ya que hay una gran diferencia de medios y de recursos sanitarios". Cuestionó, además, si el lugar para la construcción de los nuevos centros de salud se eligió en función de la conveniencia de los ayuntamientos o del interés de los ciudadanos, y reclamó un factor de ajuste de las inversiones en función de los incrementos poblacionales.