La autorización del Consejo de Ministros a Repsol YPF para realizar prospecciones petrolíferas en las cercanías de Canarias ha encendido el debate sobre la delimitación de las aguas del Archipiélago, muy a pesar de algunos dirigentes nacionalistas históricos, que llevan años intentando arrancar un compromiso de este tipo a la Administración central, sin que sus reivindicaciones hayan tenido tanto eco como lo están teniendo en la actualidad. Para analizar el futuro de esas aguas y la polémica abierta con la autorización a la compañía petrolífera, EL DÍA sentó en torno a su última mesa de debate a cuatro representantes políticos, que vertieron sus opiniones al respecto. Victoriano Ríos, senador de Coalición Canaria; José Segura, diputado socialista en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife; Alfonso Soriano, diputado del PP por la provincia, y Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), hablaron durante hora y media del asunto, recordaron la prolija normativa existente sobre la delimitación de fronteras marítimas y expresaron sus esperanzas de cara al futuro.

Todos los invitados coincidieron en que, independientemente del hecho puntual de las autorizaciones a Repsol, es vital la delimitación de las aguas interiores, para lo que requirieron un gran acuerdo entre partidos, por encima de posiciones ideológicas, que pueda servir de base para definir qué se entiende exactamente por Archipiélago. Una cuestión que no es baladí, puesto que de la misma se podría derivar una ley estatal que fije los límites de Canarias, un asunto que hoy, aunque parezca sorprendente, no está concretado.

Ahora mismo, las aguas de competencia canaria son aquéllas que distan 12 millas náuticas (cada milla son 1.853 metros) de las costas de cada una de las Islas. Se pretende, en primera instancia, que se cierre un perímetro en torno al Archipiélago, cuyo dibujo quedaría definido trazando una línea entre las puntas más extremas de las siete islas. A partir de esta delimitación, se podría abrir la puerta para la concreción de otras demandas, como la habilitación de una zona económica exclusiva. Pero todo parte de la complejidad técnica y jurídica de la normativa internacional y, en algunos casos, también de su indefinición.

¿Por qué? Básicamente, porque la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada en 1982 y ratificada por España en 1997, distingue entre Estados archipielágicos y Archipiélagos de Estado, y deja sólo para los primeros (Canarias estaría en el segundo caso) la posible concreción de una zona económica exclusiva, es decir, un espacio propio y sobre el que se tienen plenas competencias e, incluso, el cierre de sus aguas interiores.

El senador Ríos dedicó gran parte de su intervención a destacar la trascendencia de la delimitación del Archipiélago (tierra y aguas circundantes) y recordó los intentos infructuosos llevados a cabo, tanto por él mismo como antes por su compañero de filas Miguel Ángel Barbuzano, para que el Estado aceptase la delimitación de las aguas territoriales. CC ha presentado dos proposiciones de ley en el Senado, la primera de ellas rechazada por el PSOE, que estaba en el gobierno en ese momento, y apoyada por el PP, en la oposición; la segunda, ya con el gobierno de Aznar, fue rechazada por el PP y apoyada por el PSOE.

Ríos subrayó el cambio de definición de Canarias que se introdujo a raíz de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, donde se pasó de la concepción de "siete islas" a la de "Archipiélago", lo que favorece técnicamente la demanda de las aguas territoriales.

García Ramos apuntó también la existencia de dos normas a nivel nacional, las leyes 10/1977 y 15/1978, que legislaban sobre las aguas territoriales y la zona económica exclusiva, pero que no han sido desarrolladas ni aplicadas. Precisamente, los últimos argumentos esgrimidos por el Gobierno central para justificar su paralización apuntan a que contravienen las determinaciones de la Convención, aprobada posteriormente.

José Segura indicó que ha llegado el momento de debatir largo y tendido sobre la delimitación de las aguas territoriales. "Es un paso al frente que debe darse", señaló el diputado, quien animó a CC a volver a presentar una proposición de ley en esos términos por primera vez en el Congreso (las anteriores fueron en el Senado), de las que dijo "seré un activista en mi grupo, que creo que tendrá la misma postura que en 1998" (ese año los socialistas votaron a favor de la iniciativa).

Alfonso Soriano compartió la necesidad de unir esfuerzos para conseguir la delimitación territorial definitiva del Archipiélago y se lamentó por la oposición de los socialistas a una proposición de ley presentada por el PP el año 92 al respecto.

Ríos reiteró que lo fundamental del debate es el derecho que tiene la Comunidad Autónoma de Canarias a que el Estado delimite cuál es su territorio, en función de su definición estatutaria de Archipiélago. "Éste será uno de los mayores temas de debate en los próximos meses". Porque si bien la Convención de Derechos del Mar determina claramente los derechos de los Estados archipiélagos, no hace lo propio con los archipiélagos de Estado, una circunstancia que puede ser aprovechada por las Islas para definir sus aguas territoriales.

García Ramos, además de invitar a un debate y una negociación sosegada con Marruecos, que dijo nunca ha realizado pronunciamientos en términos duros ni exigentes, dijo que una vez delimitado el territorio de la Comunidad Autónoma, se podría argumentar la misma vía por la que se permitió al Archipiélago contar con un Régimen Económico y Fiscal (REF) para establecer el desarrollo de competencias en relaciones exteriores en países del entorno de las Islas.

Otro punto importante destacado por los invitados al debate y en el que hubo acuerdo total fue el desligar la crisis diplomática entre Marruecos y España, que culminó con la retirada del embajador de Marruecos en Madrid, del asunto de las autorizaciones petrolíferas a Repsol. Han coincidido en el tiempo, pero no tienen nada que ver, porque, entre otras cosas, también Marruecos ha autorizado prospecciones petrolíferas en las cercanías.

Lo que está claro, según comentaron en otro momento de la discusión, es que ahora mismo no hay nada claro. El cuerpo legislativo español, el derecho internacional y la última Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar arrojan tal cantidad de normas que resulta muy complicado jurídicamente establecer determinaciones claras al respecto.

Ante tal dispersión, los representantes políticos insistieron en que es necesario llegar a un gran pacto o acuerdo social para lograr que el Estado delimite el territorio y asuma que las aguas interiores son parte integrante del Archipiélago.