El infractor urbanístico, aquél que decida construir sin licencia o a espaldas de la legalidad, caerá, será atrapado y sancionado. Ésta es una de las principales conclusiones del debate celebrado esta semana en EL DÍA para profundizar en la política emprendida por las Administraciones del Archipiélago en torno a los atentados contra el entorno y el derribo de viviendas ilegales.

Alrededor de la mesa de redacción se sentaron Pedro Gómez, responsable de la Agencia de Protección del Medio Ambiente y Natural; Juan Jesús Martín González, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Orotava; Mónica Méndez, consejera de Planificación y Cooperación del Cabildo de Tenerife, y José Manuel Hernández, concejal de IPO Los Verdes en el Ayuntamiento de La Orotava.

Situación caótica

El Ejecutivo Autónomo elaboró en 1997, tras comprobar la caótica situación reinante, un censo de edificaciones clandestinas con el fin de que los Ayuntamientos adaptaran sus planes generales a la realidad. Se otorgó un plazo de dos años, que se amplió a tres, pero tan sólo cuatro o cinco municipios cumplieron el decreto gubernamental.

En 1999 se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, que introdujo una nueva figura para las viviendas que no contaran con autorización o licencia y que tampoco pudieran ser introducidas en el planeamiento municipal. De esta manera, las edificaciones fuera de ordenación ya no serían demolidas, sino que recibirían una autorización con unas exigencias de medidas correctoras para minimizar el impacto medioambiental.

Posteriormente, se puso en marcha la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural -en la que ya están presentes la Consejería de Política Territorial, los Cabildos y los Ayuntamientos-, que es la encargada de velar por el correcto cumplimiento de las leyes urbanísticas y medioambientales.

En la actualidad, el ente consorcial, que cuenta con un presupuesto de 900 millones de pesetas, ejecuta con periodicidad las sentencias que permiten la demolición de las edificaciones ilegales y efectúa inspecciones por el territorio para su pronta detección.

Por este camino, según puso de manifiesto Pedro Gómez, se permitirá que la indisciplina dé un vuelco en menos de un año.

Demoliciones masivas

El director de la Agencia, tras reconocer que en este asunto se ha llegado tarde, anunció que continuarán con las demoliciones masivas. No en vano, ya se han derribado 14 y otras 42 están en proceso, a pesar de que el número de ilegalidades supera las 30 mil.

Gómez recalcó que existe una amplia voluntad política para seguir adelante, aunque se quejó de la falta de respaldo del sistema judicial.

Además de enterrar la idea de que sólo se derriban las casas modestas y no las mansiones -es decir, que no se atiende a criterios subjetivos-, el titular de la Agencia dejó claro que el Sur de Tenerife es la zona más infractora de la Isla y criticó también el hecho de que los parceladores sean los principales quebrantadores de la legalidad. En este sentido, anunció que se va a elaborar un estudio sobre las parcelaciones ilegales en las Islas.

Consentida y auspiciada

José Manuel Hernández, de IPO Los Verdes, se mostró tajante a la hora de valorar la situación. En su opinión, existe una batería jurídica y medios técnicos para controlar la proliferación de irregularidades, pero falta voluntad política. En esta línea, arremetió contra la escasa sensibilidad de nuestros gestores y subrayó que la indisciplina urbanística ha estado tolerada, consentida y auspiciada por las Instituciones, sobre todo por los Ayuntamientos. Por ello, pidió contundencia y coraje en las actuaciones.

El concejal rechazó que se trate de una cuestión cultural, como apuntó algún invitado, y matizó que es una excusa para esconder las debilidades.

Hay voluntad política

Mónica Méndez, por su parte, dijo que sí existe voluntad política y achacó el problema a una cuestión cultural, por lo que apostó por las campañas informativas. Asimismo, abogó por fortalecer la Agencia como la fórmula más adecuada para actuar con independencia.

Méndez apuntó que el proceso jurídico ralentiza en ocasiones las intervenciones y solicitó a los Ayuntamientos que "no pasen la pelota" a otras Administraciones.

En cuanto a los derribos, dijo que la prioridad es "tumbar" aquellas construcciones que atenten contra los espacios naturales.

El papel de los Ayuntamientos

Juan Jesús Martín González se mostró de acuerdo con las actuaciones de la Agencia y quiso restar "culpabilidad" a los mandatarios municipales -que son vigilantes-, ya que la ausencia de planificación viene de muy atrás.

Coincidió con la consejera del Cabildo en que se trata de un problema sociocultural y apostó igualmente por las campañas de promoción, ya que muchas personas siguen infringiendo la Ley.

Finalmente, sacó a colación un asunto de gran interés: que la mayoría de los ciudadanos de Tenerife quiere tener una casita en el campo y, desde luego, no hay territorio para tanta gente. Si se hiciera, la Isla se convertiría en una alfombra de urbanizaciones.