Probablemente es la pregunta más repetida por el contribuyente cuando se topa con algún contratiempo derivado de un mal servicio prestado por las administraciones públicas: ¿dónde diablos van mis impuestos? Para responder a ésta y otras cuestiones relacionadas con el sistema tributario español, este periódico sentó en torno a su última mesa de debate al viceconsejero de Economía y Comercio del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra; al consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez Borrego; al concejal del Área Económica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz Estébanez; el miembro del Consejo Rector de la Zona Especial Canaria (ZEC) a propuesta del PSOE Juan Romero Pi y al portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Javier Sánchez Simón.

Los invitados hablaron, lógicamente , del destino de los tributos, pero también del mapa competencial del Archipiélago o de la justicia del sistema tributario. Asimismo, se abordó la regulación del tramo autonómico del IRPF o el futuro del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Miguel Becerra explicó en su intervención inicial que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se nutre fundamentalmente de la financiación del Estado, en un 61 por ciento, mientras que los tributos propios, cedidos y del REF, suponen el 25 por ciento del mismo. "¿Qué hacemos con esos recursos? Pues tenemos el reto de seguir manteniendo un gasto social importante, porque ahora mismo el 74 por ciento del presupuesto va a políticas sociales, es decir vivienda, empleo, educación y sanidad".

A juicio del viceconsejero, aunque ese gasto social ya es muy elevado, hay perspectivas para seguir incrementándolo en el futuro.

Otro de los elementos clave del sistema es seguir luchando por que se mantenga el tradicional diferencial fiscal positivo de Canarias, es decir que la presión fiscal en el Archipiélago sea menor que la media del resto de España.

Juan Romero centró la primera parte de su exposición en los aspectos de justicia del sistema tributario español y aseguró taxativamente que "en la actualidad es profundamente injusto". Explicó que la recaudación está basada en dos impuestos, el IRPF y el IVA. Sobre el primero dijo que recae sobre las rentas del trabajo de las personas, mientras que las grandes rentas de capital y profesionales cuentan con una discriminación positiva.

"Se da también la circunstancia de que no se disponen de los datos reales de recaudación del IRPF después de las últimas reformas llevadas a cabo por el Gobierno y parece que ha bajado pero no se sabe en qué grado".

A juicio del consejero de la ZEC la estructura de la Administración de Hacienda del Estado se presta al fraude, porque el control de las declaraciones es más riguroso para las personas trabajadoras por cuenta ajena que para los grandes empresarios o profesionales.

También explicó que el IVA, una de las grandes patas del sistema, es un impuesto indirecto y que, por tanto, no tiene en cuenta el nivel de renta del sujeto y recae de igual manera en el que tiene mucho y el que tiene poco.

José Alberto Díaz Estébanez, concejal del Ayuntamiento capitalino, aseguró, por su parte, que entre el 40 y el 45 por ciento de la recaudación de la Corporación es propia y que el resto proviene de otras administraciones, fundamentalmente a través del Fondo Municipal y la Carta Municipal.

Explicó que cada vez llegan más competencias, delegadas o transferidas a la Corporación, y que ese trasvase requiere una reciprocidad en las transferencias económicas, de suerte que se puedan seguir prestando buenos servicios a los ciudadanos. El concejal agradeció el esfuerzo del Cabildo de Tenerife para normalizar y racionalizar el reparto de fondos entre los ayuntamientos de la Isla, evitando desequilibrios, y aseguró que más del 70 por ciento del presupuesto municipal va a parar a gasto social, en concreto políticas culturales, deportivas, educativas o para la mujer.

Víctor Pérez Borrego, consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo, subrayó que el sistema tributario debe alcanzar un punto de equilibrio entre el desarrollo social y los servicios que se presta o, dicho de otra manera, que la calidad de los servicios públicos se corresponda con el esfuerzo tributario que realiza el ciudadano. El cumplimiento de esas condiciones determinaría, en su caso, la justicia o no del sistema tributario.

Pérez Borrego se mostró muy firme a la hora de pedir que no se cuestionen determinadas premisas en el gasto social, como la educación o la sanidad y a la hora de señalar que el mantenimiento del diferencial fiscal positivo de Canarias es "incuestionable y se debe mantener".

En otro momento del debate, indicó que "no están los tiempos para subir impuestos" y el Cabildo no se plantea incrementar su tasa del impuesto de la gasolina.

Javier Sánchez Simón, portavoz del Partido Popular (PP) en el Parlamento de Canarias, aseguró que "tenemos un sistema fiscal muy avanzado".

El parlamentario explicó que los impuestos tienen una función recaudatoria muy importante, pero también otra de estabilizador fiscal, que permite alterar los comportamientos de los contribuyentes. Dijo que en Canarias se ha tardado mucho en hacer valer el principio de subjetivación.