Los tiempos cambian una barbaridad, y lo que antes era negro resulta que hoy en día, aunque no del todo blanco, cuando menos se ha clareado significativamente. Es el caso del agua. Décadas y décadas quejándonos por la carencia del líquido elemento han dado paso a una realidad, la actual, en la que no existe problema alguno en cuanto a la cantidad, lo que ha permitido que el debate se centre, única y exclusivamente, en la calidad. "Dinero es agua", reitera Jesús Mesa, presidente de la Cámara Insular de Aguas y uno de los invitados al debate de esta semana, reunión con la que tratamos de dibujar un panorama certero acerca de los recursos hídricos de los que dispone Tenerife, la capacidad de la Isla para adaptarse a una demografía cambiante y, al mismo tiempo, los proyectos en infraestructuras que habrá que llevar a cabo para cumplir los rígidos requisitos de la Unión Europea en esta materia.

Dinero es agua porque, hoy en día, la tecnología permite producir el volumen de líquido que se requiera, tanto a través de la reutilización como de la desalación, sistemas que complementan los recursos subterráneos, que en el territorio tinerfeño siguen siendo los más importantes. En ese diagnóstico coinciden los restantes invitados: el director-gerente de la Empresa Municipal de Aguas de Santa Cruz (Emmasa), Juan Alfredo Amigó; el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Fernández Bethencourt; y el representante de la empresa Canaragua, Antonio López. La opinión es generalizada: la cantidad ha dejado de ser una preocupación y ha sido sustituida por la calidad, pero no sólo desde el punto de vista de la lógica preocupación por ofrecer día tras días un mejor servicio a los ciudadanos, sino porque las ratios que exige la normativa de la UE obligan a realizar importantes inversiones. Y claro, surge la pregunta: ¿de dónde va a salir tal cantidad de dinero?

Juan Alfredo Amigó se muestra contundente al afirmar que la legislación de la UE sobre la calidad del agua está pensada para países muy ricos, tales son sus exigencias. Jesús Mesa entiende, por su parte, que dicha normativa se tendrá que cumplir hasta donde se pueda; Antonio López recuerda que la situación empeorará cuando Canarias deje de ser Objetivo 1, en 2006, y disminuya la aportación de fondos europeos a las Islas; José Fernández Bethencourt subraya que no se hace todo lo posible por aprovechar las aportaciones económicas disponibles en la UE hasta 2006 para ejecutar las actuaciones necesarias en infraestructura hidráulica, responsabilizando de ello, en primer lugar, a la administración estatal. Fernández Bethencourt aporta seguidamente una consideración que reaviva el debate: si el sector público no financia los proyectos necesarios, habrá que recurrir a la iniciativa privada a través de la fórmula de la concesión. ¿Consecuencias?

El gerente del Consejo Insular de Aguas recuerda que, en teoría, los consumidores deberían abonar el coste total del agua, pero en la realidad no ocurre así, toda vez que muchas de las aportaciones públicas se realizan a fondo perdido, abaratando de esa forma el precio final. El principal responsable de Emmasa refrenda dicha información, y recuerda que en la factura que pagan los vecinos de Santa Cruz de Tenerife no se incluye el coste de amortización de la desaladora. Pero en el caso de que sea necesario recurrir a la iniciativa privada, tanto los vecinos de Santa Cruz como los del resto de la Isla verán incrementar sensiblemente sus facturas, porque en ese supuesto habrá que abonar la totalidad de los costes.

Fernández Bethencourt citó uno de los cambios que contempla la la normativa de la UE en el ámbito hídrico: la intensificación del proceso de depuración del agua y la obligación de que sea el primer usuario de la misma quien pague el coste total del mismo. Amigó calificó tal norma de injusta, habida cuenta que el segundo usuario se encuentra con un líquido limpio prácticamente sin coste y, en muchas ocasiones, los beneficiarios son grandes explotaciones agrícolas.

El gerente del Consejo Insular de Aguas recordó que en Tenerife prácticamente está todo planificado, por lo que simplemente hay que ejecutar los proyectos, pero además de la financiación existen otros inconvenientes, uno de ellos los problemas de transporte de la electricidad, habida cuenta que dicha energía resulta imprescindible para el funcionamiento de las desaladoras, tanto de las actuales como de las que se prevé crear a medio y largo plazo. El combustible, la energía, es, por lo tanto, un elemento imprescindible dentro del mundo de los recursos hídricos.

Y tampoco olvidaron los participantes en el debate el aspecto medioambiental de la producción y utilización del agua, en el que se ha avanzado mucho en las últimas décadas, principalmente gracias a las redes de saneamiento y las depuradoras, aunque, enlazando con el consumo energético, se recordó que para desalinizar agua es necesaria la electricidad, y la producción de ésta contamina.

También surgió, aunque de refilón, el caso de los campos de golf, denostados por parte de la opinión pública al entender que consumen agua en exceso. Dinero es agua, volvió a recordar Jesús Mesa. Si los responsables de tales extensiones de verde pagan los recursos que consumen, no parece haber problema alguno.

Aclaración legislativa

El representante de Canaragua, Antonio López, entiende, no obstante, que la propia administración europea tiene primero que aclararse sobre la normativa que legisla. El gerente del Consejo Insular de Aguas le dio la razón y recordó como se han ido modificando, con el paso del tiempo, algunos de los contenidos de la misma, y puso como ejemplo los niveles de potasio.

López subrayó, asimismo, la necesidad de determinar qué fórmula es la más adecuada antes de realizar cualquier inversión, habida cuenta que en ocasiones resulta más costoso transportar el agua depurada de un extremo a otro de una isla que crear una desaladora, tal y como, según señaló, ocurre en Fuerteventura. Mesa coincidió con él y, entrando nuevamente en el apartado de las inversiones, destacó la necesidad de lograr que el reparto de los fondos públicos para infraestructuras se realice de forma justa, de manera que a cada una de las Islas, Tenerife incluida, le corresponda lo que le pertenece.

Los cuatro participantes subrayaron la importancia que han adquirido los avances tecnológicos en los últimos años, entre otros logros abaratando el coste de producción del agua, y el protagonismo que seguirán manteniendo en el futuro. Juan Alfredo Amigó apuntó al respecto el avance que ha supuesto la interactividad de la red hídrica tinerfeña, y recordó que buena parte de las aguas que se depuran en Santa Cruz se destinan a los cultivos del Sur. Al mismo tiempo, la entrada en funcionamiento de la desaladora ha permitido liberar aguas potables en otras zonas. Destacó como los avances tecnológicos han posibilitado tanto el ahorro de líquido como la mejora en la calidad del mismo.

Si la tecnología sigue avanzando y la infraestructura hidráulica planificada se desarrolla, Tenerife no padecerá problemas de escasez y, si como es previsible, se aplican los criterios de calidad que marca la Unión Europea, el agua cada vez será mejor. La única duda que nos queda es : ¿quién paga?