El alcalde del municipio grancanario de Agüimes, Antonio Morales, destapó la caja de los truenos hace dos semanas con una singular propuesta para prohibir la permanencia de los menores de 16 años en las calles después de las once de la noche. Desde ese momento, se sucedieron sus intervenciones en los medios de comunicación, tanto canarios como nacionales, y se abrió una gran discusión sobre la conveniencia o no de la medida. Así, consiguió su primer objetivo, que no era otro que el de crear debate. En ese mismo marco se debe entender la celebración de la última mesa redonda de EL DÍA, en la que invitados de distintos ámbitos expresaron sus opiniones al respecto.

Esperanza Sastre, directora general de Atención al Menor y la Familia; Javier Bueno, presidente insular de Nuevas Generaciones del Partido Popular; Fernando Clavijo, miembro de la Ejecutiva de Jóvenes de ATI, y Julia Rodríguez, portavoz de la recién constituida plataforma Tenerife contra el ruido, intercambiaron puntos de vista sobre la propuesta, que consideraron de difícil aplicación, tanto desde el punto de vista legal como, incluso, social o educativo.

Sastre, responsable autonómica en asuntos de menores, aseguró que ya es importante de por sí que se abra un debate de estas características, pero más aún que esa discusión se pueda trasladar al ámbito de las familias, elemento clave en la educación de los menores.

La directora general explicó que las cifras de abandono escolar en el Archipiélago son muy altas y que la permanencia continua en la calle de los menores puede estimular ese absentismo. Al margen, indicó, de que los chicos están expuestos al consumo de sustancias ilícitas u otros peligros. Sobre las fórmulas para atajar ese problema, aseguró que existen medios y normativas estatales, autonómicas y locales para prevenir este fenómeno. También recordó que se están haciendo estudios para determinar si una medida de ese tipo puede conculcar derechos. Insistió en que los ayuntamientos también disponen de mecanismos, como el control de las horas escolares o la vigilancia de la prohibición de venta de alcohol a menores o la entrada a determinados locales.

El dirigente de los jóvenes del PP en la Isla, Javier Bueno, apuntó que en el fondo del asunto trasluce una colisión de derechos: al ocio y al descanso, del que consideró prevaleciente el segundo.

Consenso

Añadió en otro momento de su intervención que las medidas coercitivas no suelen remediar los problemas, por lo que también puso el acento en el papel de la familia como núcleo fundamental para la correcta educación del menor. Abogó también por un gran consenso entre las distintas partes implicadas para encontrar la fórmula adecuada.

En similares términos se expresó el representante de los jóvenes de ATI, Fernando Clavijo, quien aseguró que la medida propuesta por Agüimes no es el camino adecuado. «No es beneficiosa para nadie y seguramente se vulnerarían más derechos de los que se pretenden salvaguardar».

Aseguró que el cumplimiento efectivo de controles de acceso a los locales nocturnos, por ejemplo, disuadiría a muchos menores de 16 años de deambular por las calles. Inmediatamente surgió otra discusión: cómo controlar a los jóvenes que se reúnen para beber en los espacios públicos. La responsabilidad municipal, paralelamente a la familiar, vuelve a estar en el centro de la cuestión. Los primeros, por ejemplo, fomentando actividades lúdico - culturales que potencien en los jóvenes hábitos de vida saludables.

Julia Rodríguez, portavoz de una asociación contra el ruido creada en Santa Cruz de Tenerife esta misma semana y que ha generado una importante expectación social, subrayó por su parte el papel fundamental de la familia para evitar este tipo de situaciones y abogó también por un gran consenso para tomar medidas de este calado. Al margen, claro está, del cumplimiento de la normativa sobre espectáculos públicos.

Otra cuestión fundamental a tener en cuenta es si la medida anunciada por Morales, que se aplicará a finales de mes, es una acción desesperada y cuya entrada en vigor constituye un hecho ineludible ante la gravedad del problema o si todavía se está a tiempo de encauzar el asunto por vías "tradicionales".

En ese sentido, la directora general del Menor aseguró que aún se está a tiempo para realizar actuaciones correctoras con los medios y normativas de los que se disponen y confió en la estrategia de la prevención como una de las llaves para cerrar la puerta de los malos hábitos.

Generalización

Los mismo argumentos esgrimidos durante toda la conversación sirvieron también para contestar a la pregunta de si la medida podría ser de aplicación general en el resto de municipios de las Islas. Con un elemento diferenciador. Los municipios tienen diferentes características y problemáticas. No es lo mismo actuar en localidades de gran tamaño y de gran movimiento turístico que en otras más pequeñas.

Además, los recursos de estas administraciones suelen ser escasos y se dilapidarían en cierta medida si se parte de los mismos se desviasen a controlar personalmente la estancia "irregular" de menores en la vía pública.

Queda, en cualquier caso y según se puede deducir de las intervenciones, mucho camino por recorrer y el anuncio de Agüimes es sólo una etapa en un gran debate que ha de incorporar también y sobre todo a los padres.