Casi dos años después de las inundaciones que azotaron Venezuela, son muchos los canarios que se preguntan cómo se encuentran sus paisanos de la Octava Isla. No cabe duda, que las lluvias torrenciales de la madrugada del 16 de diciembre de 1999 marcaron un antes y un después para la colonia canaria en aquel país, sobre todo, en lo que se refiere a las ayudas que reciben del Archipiélago y al papel de las instituciones canarias como canalizadoras de las mismas.

Con el propósito dar respuesta a los interrogantes que ahora mismo existen en torno a estas cuestiones, EL DÍA reunió esta semana alrededor de su mesa de debate a cuatro personas que, bien por su cargo o bien por su experiencia, cuentan con datos suficientes para despejar las dudas que ahora mismo hay sobre la labor del Gobierno Canario y de otras instituciones en Venezuela y la situación de los numerosos isleños que allí residen.

Fue precisamente el director general de Acción Exterior y Cooperación del Ejecutivo Autónomo, Efraín Medina, el primero en abordar estas dos últimas cuestiones. En su opinión, "la situación de los canarios en Venezuela, aunque todavía hay casos dramáticos, ha mejorado".

Sensibilidad

Medina llamó la atención sobre el trabajo realizado en esta legislatura por el Gobierno Canario y puso como ejemplo de la sensibilidad del Gabinete de Román Rodríguez con los emigrantes la creación de la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación.

El presupuesto de este departamento en el actual ejercicio asciende, según dijo, a 1.400 millones de pesetas, de los cuales un 70 por ciento se dedica a líneas de actuación en Venezuela (ayuda sociosanitaria, protección al menor y la familia, agencia de desarrollo sociolaboral, entre otras).

El dinero que anualmente destina el Gobierno de Canarias a los emigrantes del Archipiélago en Venezuela fue uno de los puntos que suscitó la discrepancia de una parte de los invitados. Julián Hernández, empresario tinerfeño afincado en la Octava Isla, lo consideró insuficiente y para justificar su posición lo comparó con los 1.800 millones de pesetas que este año ha dedicado la Comunidad Autónoma Gallega a sus residentes en Venezuela.

Julián Hernández fue más allá y afirmó que "el cincuenta por ciento del presupuesto de Canarias" pertenece a los isleños afincados en Venezuela y, por ello, los responsables de regir los destinos del Archipiélago "deben comprar un ancla a cada familia canaria en la Octava Isla para que no regrese".

En este sentido apuntó que el Ejecutivo Canario debería colaborar con el de la República Bolivariana en la construcción de carreteras y centros hospitalarios. De nuevo volvió a aludir a los gallegos y señaló que en su Hermandad hay una farmacia que paga el Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien también mantiene conciertos con clínicas privadas.

Ni tanto ni tan poco

El presidente de Casa de Venezuela en Tenerife, Rafael Becerra, terció en el debate y señaló que "ni todo es tan fantástico, ni todo es tan malo".

Becerra explicó que "el problema de los emigrantes canarios en Venezuela es de todos y no sólo del Gobierno de turno". Por ello, apeló a a la "unión de todas las personas que conozcan ambas realidades - la canaria y la venezolana - y a la confluencia de medios y acciones en el exterior para hacer válido que el canario en la Octava Isla es canario", por encima de otras consideraciones.

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Gregorio Medina, agregó a lo expuesto por el presidente de la Casa de Venezuela en Tenerife que "la mejor forma de ayudar a los emigrantes canarios en la República Bolivariana es hacerlo allí y no crearles falsos paraísos aquí".

Julián Hernández exigió al Gobierno "foros donde los emigrantes planteen sus preguntas cuando las autoridades del Archipiélago se trasladen a Venezuela, pues las personas que representan allí al Ejecutivo no tienen capacidad".

A juicio de Rafael Becerra, "los foros más adecuados son los clubes canarios que existen allí".

Dinero recaudado

Otra de las cuestiones que Julián Hernández puso sobre la mesa fue el hecho de que el Gobierno de Canarias "todavía tenga ingresados en una entidad financiera 1.300 millones de pesetas procedentes de las ayudas recaudadas en las Islas para paliar la tragedia ocurrida hace casi dos años en el Estado de Vargas".

A su juicio, ese dinero, al igual que el resto de las ayudas, "debería encauzarse a través de los 49 centros canarios que hay en Venezuela".

El director general de Acción Exterior y Cooperación del Ejecutivo Canario, respondió a Hernández que el destino de ese dinero no depende sólo del Gobierno, sino que está en manos del Comité de Ayuda a Venezuela, en el que participan los siete Cabildos y distintas ONG.

Efraín Medina recordó que "recientemente el Gobierno Venezolano ha aprobado el plan de reconstrucción del Estado de Vargas», lugar hacia donde irán dirigidas la mayoría de las ayudas.

El vicepresidente del Cabildo de La Gomera preguntó qué podían hacer desde las instituciones canarias para ayudar a los emigrantes en Venezuela. La primera respuesta fue de Julián Hernández: "lo que ustedes hicieron: entregar la autonomía a la gente de allá".

Este asunto originó un rico debate entre el propio Hernández y Efraín Medina, pues este último aseguró que "las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Canarias en Venezuela se elaboran con el consenso de la gente de allá".

¿Quién marca las directrices?

El empresario tinerfeño discrepó y dijo que "no era así, sino que se siguen directrices marcadas desde aquí".

Efraín Medina manifestó que los emigrantes canarios "están satisfechos con el trabajo que se realiza en Venezuela" y para quitar hierro a la discusión se mostró de acuerdo en "hacer un plan conjunto entre todas las instituciones y la gente de allá con el fin de que los recursos lleguen a más personas".

A esta oferta Julián Hernández respondió que "los problemas de los canarios en Venezuela seguirán existiendo mientras no se consulte a la base, pues los representantes del Gobierno en el exterior sólo realizan una labor burocrática".

Para el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, "el éxito con los emigrantes depende de la respuesta inmediata que se puede dar".

En este sentido, puso como ejemplo a la Corporación Insular de la Isla Colombina que ha puesto en marcha una póliza de seguro para garantizar, tanto a los residentes en La Gomera como a sus emigrantes, un entierro digno o que se puedan operar de cataratas en una clínica privada sin sufragar su coste.

Según Gregorio Medina, en esta materia la obligación del Gobierno de Canarias es coordinar las políticas insulares. Para ello exigió que se cree el marco negociador adecuado y que se pueda lograr esa convergencia.

El representante del Ejecutivo Canario aceptó el envite, aunque matizó que desde aquí no se puede decir que se van a cubrir todas las necesidades.