No hace mucho entrevistaba Juan Cruz Ruiz a varios periodistas extranjeros que opinaban sobre la actual situación de España. Le sorprendía a uno de ellos que en este país hubiese jueces progresistas y conservadores. Entendía ese periodista, al igual que lo entiende quien esto escribe, que un juez puede tener la ideología que mejor le parezca, aunque en virtud de su cargo no es, ¿cómo decirlo?, ¿muy profesional?, ¿muy ético?, ir por ahí pregonándolo con su pertenencia a una asociación que no solo defiende intereses profesionales, lo cual es legítimo, sino que se identifica con una u otra tendencia política.
Los magistrados progresistas se agrupan en la asociación "Jueces para la democracia". Ya el nombre repatea pues se supone que desde hace décadas vivimos en un país democrático. En los años de la transición todavía, pero a día de hoy cualquier asociación, ya sea de togados o de choferes de guaguas, que añada a su nombre un apellido relacionado con la democracia se me antoja rancia. Aunque tampoco pretendo ponerme exquisito con la nomenclatura porque la cuestión es otra.
La cuestión es que la magistrada Victoria Rosell, titular del Juzgado número 8 de Las Palmas e ínclita representante de Jueces para la Democracia en Canarias, vuelve a ser noticia. Lo fue allá por 2010 cuando José Manuel Soria entendió que la denuncia presentada contra él por el periodista Carlos Sosa, que dio lugar al conocido "Caso salmón", fue redactada en un ordenador de la jueza Rosell. Una circunstancia agravada por el hecho de que el tal Sosa es compañero sentimental de la magistrada Rosell. Algo que no soy el primero en desvelar. Lo publicó el diario "La Opinión de Tenerife" el domingo 5 de diciembre de 2010. Puntualizado sea por si acaso el susodicho Sosa considere que no le va a alcanzar para pagar su hipoteca con las dos demandas que tiene interpuestas contra el editor de EL DÍA, José Rodríguez, y decide complementar su recaudación con una ad hoc contra mi humilde persona.
La denuncia presentada por Soria contra la jueza Rosell por este asunto ante el CGPJ fue archivada y del caso poco más se habló. Tampoco ha sido noticia durante este tiempo la mencionada miembra -a Viviana Aído me remito en cuanto a nomenclatura igualitaria- de Jueces para la Democracia. Sin embargo, hace unos días llegó a la Delegación del Gobierno en Canarias un auto firmado por la señora Rosell contra la devolución a su país de un grupo de marroquíes arribados a Canarias de forma irregular. La citada magistrada no estaba de guardia ese momento. Un error "subsanado" con otro auto judicial, firmado esta vez por el juez de guardia. Algo extraño en sí mismo, pero mucho más por el hecho de que también, según una nota de la Jefatura Superior de Policía, ambos autos son idénticos salvo en la firma. Motivo por el cual la delegada del Gobierno ha estimado conveniente poner los hechos en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Fiscal Jefe y el propio CGPJ. Decisión que le ha valido una batería de descalificaciones -la han fotografiado para humillarla hasta en el aparcamiento contiguo al Auditorio Alfredo Kraus- en el digital dirigido por el novio de la señora Rosell. Lo mismo de siempre, desde luego, pero, ¿hasta cuándo?
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