El Comité de Empresa de Pamarsa, empresa municipal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, anunció ayer que se han presentado más de 40 denuncias por posible cesión ilegal de trabajadores en el Lago Martiánez. Los representantes de Intersindical Canaria (IC) en el citado órgano criticaron el ambiente "irrespirable" que se vive en el complejo municipal "desde que empezaron a presentarse denuncias" y señalaron al edil Pedro González (PP) como protagonista, junto al gerente del Lago, de lo que consideran una campaña de "prácticas intimidatorias", "apertura indiscriminada de expedientes disciplinarios", "vigilancia permanente" y "persecución".

Los representantes de IC y de los trabajadores de Pamarsa aseguraron ayer que cuentan también con el apoyo de los integrantes de UGT en el comité en esta denuncia de "una actuación obsesivamente persecutoria sobre los empleados de Pamarsa que consideramos respuesta a las más de 40 denuncias presentadas. Un primer trabajador ha ganado ya un juicio, que ha sido recurrido, pero los juicios y las sentencias no van a parar de salir".

Según el secretario del comité, Pamarsa incurre en cesión ilegal de mano de obra al utilizar a sus trabajadores en el Lago Martiánez "con un convenio con el Ayuntamiento portuense que está caducado desde hace años".

Desde el comité se insiste en que se han abierto expedientes disciplinarios "sin una causa real que los justifique, ya que la empresa echa mano de cualquier excusa por ridícula que sea. Los empleados se sienten vigilados y perseguidos hasta el punto de verse fotografiados por sorpresa y sin su consentimiento durante su jornada. El edil y el gerente llegan a irrumpir a la carrera y por sorpresa en las instalaciones del complejo y acceden a los vestuarios de personal para comprobar quién se está duchando supuestamente antes de finalizar su jornada", aseguraron.

González: "Se intenta acabar con conductas intolerables"

El edil Pedro González (PP) considera que la actuación del Comité de Empresa de Pamarsa "es esperpéntica" y que su gobierno "lo único que intenta es acabar con conductas intolerables". Desde que se anunció que la empresa estaba en liquidación, "las demandas por supuesta cesión ilegal de trabajadores se han sucedido. Afortunadamente, ninguna ha sido estimada definitivamente. El propio secretario del comité de empresa perdió su demanda, pero ha interpuesto otra y eso está sucediendo con otros trabajadores, algunos de baja de larga duración", afirma el concejal. González cree que "los expedientes que se han abierto son los normales cuando hay conductas contrarias a las normas de una empresa, como estar hablando 33 minutos por teléfono en horas de trabajo o por pasarse, un socorrista, una hora conectado al Facebook en lugar de atender a la piscina. Ninguno de esos expedientes ha sido revocado por los tribunales. Y yo me pregunto: si se abre expediente a un trabajador por consumir estupefacientes en horario de trabajo, ¿eso es persecución? Un trabajador no puede estar dos horas desayunando ni puede fumarse un canuto en su lugar de trabajo, ¿será a eso a lo que se refieren cuando hablan de ambiente irrespirable?". González también negó que haya irrumpido en las duchas del personal: "Yo no me meto con nadie en la ducha, salvo con mi mujer".