El Pleno del Ayuntamiento de El Sauzal ya aprobó por unanimidad la ansiada recepción de la Urbanización La Baranda, una cuestión enquistada desde 2006 que ha enfrentado durante años a la asociación de vecinos de la zona con el consistorio. Tras este acuerdo, el alcalde, Mariano Pérez (CC), está facultado para ejecutar las obras necesarias y proceder a la recepción.
El portavoz del PSOE en El Sauzal, Francisco Goya, valora la decisión, pero considera que "no existen motivos para estar contentos con lo que dice el nuevo informe de Secretaría pues", según considera, "se trata de un informe demoledor".
Para Goya sólo existen dos motivos para haber llegado hasta este punto: "O se ha producido una dejación de funciones intencionada para cobrar los impuestos, pero no asumir responsabilidades de mantenimiento de la urbanización, o la ignorancia y la incapacidad política han enrocado la situación".
Goya ve "inadmisible" que "un alcalde inicie un procedimiento y solicite informes urbanísticos, económicos y jurídicos y estos informes nunca se redacten. Parece que también existen responsabilidades administrativas".
"Es incomprensible que un alcalde inicie un procedimiento y los técnicos no emitan los informes o, lo que es peor, lo hagan seis años después", afirma.
"Mientras todo el mundo parece alegrarse por este nuevo informe y considera que esta es la gran solución a todos los problemas de La Baranda, la realidad es que este informe no nos da ningún amparo jurídico a la decisión que estamos tomando y sólo nos dice que esta es la mejor medida para proteger a la administración frente a las posibles responsabilidades jurídicas que se deriven de todas nuestras actuaciones hasta ahora", afirma. En su opinión, "con este nuevo informe no estamos más protegidos que lo que lo estábamos hace unos meses, simplemente ahora no existe un reparo de secretaria y hace falta menos valentía para tomar la misma decisión que podíamos haber tomado hace años".
El alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez (CC), confirmó a EL DÍA a finales de junio que la recepción se aprobaría en el pleno del 27 de julio, "tras 12 años de conflicto" y "sin coste para los vecinos de la zona". A su juicio, el informe favorable de la secretaria permite al consistorio tomar el acuerdo, "sin riesgo de cometer una ilegalidad", de ejecutar las obras necesarias para recibir esta urbanización "con cargo al presupuesto local". Pérez explicó entonces que "en lugar de pagar los vecinos, el ayuntamiento se compromete a ejecutarlas y financiarlas con fondos municipales, aunque será un proceso repartido en varios años".
Tras este acuerdo plenario, el ayuntamiento negociará con los vecinos, antes de que acabe 2018, la planificación de los trabajos.