El Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo valora la buena disposición pública del Cabildo de Tenerife para "trabajar en una fórmula que permita proteger el núcleo poblacional costero de El Caletón y, al mismo tiempo, cumplir con la Ley de Costas y el uso y disfrute público del litoral". Sin embargo, "con la máxima cautela y desde una llamada al consenso entre todas las administraciones públicas implicadas y los vecinos afectados en una ordenación tan compleja", desde el grupo de gobierno municipal se advierte de que solo admitirá estudiar aquello que "en el marco de la legalidad, resulte más beneficioso para El Caletón y sus vecinos".

En días pasados el alcalde, Ignacio Rodríguez (PSOE), y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pérez Pío (PSOE), fueron convocados por el área insular de Política Territorial a una reunión informativa en la que se puso sobre la mesa la hoja de ruta del Plan Especial del Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo, en la que se prevé incluir la ordenación de El Caletón, un asentamiento matancero cuya existencia está amenazada desde hace años por la Ley de Costas.

"Desde el ayuntamiento -explica el grupo de gobierno a raíz del encuentro- valoramos la sensibilidad del Cabildo en esta fase embrionaria del proyecto a favor de propiciar el estudio de diferentes alternativas y propiciar la participación de los vecinos. Estudiaremos las propuestas, pero desde el ayuntamiento debe quedar claro que siempre priorizaremos y velaremos por el bienestar general del municipio y el futuro de las familias afectadas y del propio lugar"

El gobierno matancero (PSOE) también matiza que "aunque se trata de una competencia exclusiva del Cabildo, la defensa del enclave y del interés general del pueblo, nos mantiene abiertos a trabajar para que la solución final tome en cuenta la voz de los vecinos y del pueblo, y se logre contar con el consenso vecinal".

El consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez (PSOE), aseguró tras la reunión que este asentamiento se ubica en un espacio protegido en el que se pretende "compatibilizar la existencia del actual caserío con la recuperación del dominio público marítimo terrestre, teniendo en cuenta la Ley de Costas y el uso público del litoral".