El Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ratificó en la tarde de ayer la decisión de denunciar el convenio colectivo del personal laboral, vigente desde 1998. La intención del grupo de gobierno (PP-CC) con esta medida ha sido evitar la prórroga tácita del documento y forzar la apertura de un proceso de negociación de nuevas condiciones laborales para una plantilla de 164 empleados públicos que no son funcionarios.
La concejala responsable del área de Recursos Humanos, María Antonia Domínguez (PP), explicó que esta denuncia ya se ha notificado al Comité de Empresa y a la autoridad laboral, y que ya se ha fijado un calendario de negociaciones, "que comenzará a finales del mes de enero".
El grupo de gobierno intentó sin éxito que se designara a un mediador externo para cerrar un acuerdo con el personal laboral.
Domínguez ya había advertido en el pleno de enero de 2017 que el vigente convenio laboral de 1998 era "insostenible para cualquier administración pública".
Tras la sentencia que anuló este año los recortes aplicados unilateralmente en 2010 por el grupo de gobierno de la época (CC-PP) al convenio colectivo del personal laboral, el consistorio ha tenido que hacer frente al pago de más de 1,5 millones de euros. De esa cantidad, casi un millón de euros (999.412 euros) se han destinado en 2017 a pagar los llamados "premios de constancia" a entre 40 y 45 trabajadores jubilados, fallecidos o incapacitados en los últimos siete años.
Los premios de constancia reconocidos en el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento portuense desde 1998 contemplan una generosa compensación económica para los empleados municipales que se jubilen, fallezcan o pasen a una situación de invalidez. Ese premio varía según los años de antigüedad.
El premio mínimo, para los trabajadores con cinco años de antigüedad, es de cuatro mensualidades de salario real. El premio máximo, para aquellos con más de 30 años de antigüedad, es de 14 mensualidades de salario real.