Santa Cruz de Tenerife
LOS REALEJOS

La Justicia rechaza la suspensión del derribo parcial de La Cartaya

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo señala que existe una sentencia firme que el ayuntamiento debe cumplir y recuerda que un nuevo PGO no dejaría sin efecto la infracción.
R. Sánchez/M. Grillo, Los Realejos
7/nov/17 6:07 AM
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife dictó recientemente un auto en el que rechaza la solicitud de suspensión provisional del derribo de la tercera planta de una vivienda de la calle La Cartaya, en Los Realejos, por lo que el ayuntamiento vuelve a estar obligado a ejecutar la demolición ordenada por sentencia firme.

El auto judicial rechaza la pretensión de los afectados de legalizar la obra de acuerdo con el futuro Plan General de Ordenación (PGO) que aún está en fase de aprobación en el municipio: "La expectativa de que un nuevo PGO cambie la calificación del suelo y su uso no deja sin efecto la infracción urbanística ni la actual situación de ilegalidad".

El juez señala que "el único motivo que queda para pretender la suspensión de la ejecución es que ha sido aprobada inicialmente una adaptación del PGO de Los Realejos al TRLOTC y a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, y que en esta aprobación inicial el suelo se clasifica como urbano consolidado. Sin embargo, esa aprobación inicial no supone que la adaptación del PGO sea norma nacida, vigente y aplicable al caso, ni siquiera que algún día llegue a ser aprobada. Estamos ante una situación de expectativa de eventual futura aprobación de una norma".

"Jurídicamente no existen motivos para proceder a la suspensión de la ejecución definitiva", advierte el auto.

El juez también recuerda que la demolición no es una decisión del Ayuntamiento de Los Realejos, sino una obligación legal: "La ejecución de la demolición no es un acto de ejecución propia del ayuntamiento, sino un acto de ejecución debida, derivado de ejecución de sentencia. Es un acto de ejecución delegada al que viene obligado el ayuntamiento, que ha actuado correctamente al seguir con diligencia los trámites necesarios para restaurar el orden urbanístico infringido, mediante demolición".

La obligación de demoler se deriva de una sentencia firme de este mismo juzgado de octubre de 2014, en la que se declaró "el deber del Ayuntamiento de Los Realejos de realizar los actos necesarios para restablecer el orden jurídico infringido como consecuencia de las obras realizadas en esta vivienda" de la calle La Cartaya.

El auto indica que existe una primera sentencia firme (de 2014) que obliga al ayuntamiento a demoler, y otra posterior, también firme (de septiembre de 2017), que declara que la resolución administrativa que obliga a demoler es "conforme a derecho".

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP), solicitó hace unos días una reunión con el juez y todas las partes implicadas. Un encuentro en el que, según destaca Domínguez, "quedó claro que no existe ninguna fórmula legal para que yo, como alcalde, pueda dejar de ejecutar esta orden judicial".