Tenerife Norte
LA OROTAVA

El juzgado insta al consistorio a apartar al secretario municipal

USP anuncia que el gobierno local ha recibido la comunicación judicial que recuerda que el funcionario, condenado por el caso El Trompo, debe cumplir 2.555 días de inhabilitación.
El Día, La Orotava
2/oct/17 6:05 AM
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Unid@s Sí Podemos (USP) informa de que el pasado jueves llegó al Ayuntamiento de La Orotava una comunicación judicial, de fecha 27 septiembre, en la que se pone en conocimiento de la corporación la liquidación de condena del caso El Trompo respecto al secretario municipal, Juan Carlos de Tomás Martí. En esa comunicación se recuerda, a los efectos procedentes, que De Tomás debe cumplir 2.555 días de inhabilitación para todo empleo o cargo público por la comisión de un delito de prevaricación urbanística, por el que está condenado en firme.

USP lamenta que el gobierno municipal de Coalición Canaria "haya dejado pasar el tiempo en este asunto y no adoptara ninguna de las medidas propuestas desde la formación municipalista para tratar de evitar que una persona condenada por un delito cometido en el ejercicio de su cargo, y sobre el que pesa la sospecha de haber falsificado un documento público, continúe en su puesto de máximo responsable jurídico".

Unid@s Sí Podemos considera que, con la comunicación oficial de la liquidación de condena, emitida casualmente solo un día después de que USP planteara de nuevo este asunto en el pleno municipal, "al grupo de gobierno ya no le quedará más remedio que hacer efectiva la sentencia y apartar al secretario de su puesto".

Para USP, "que se haya llegado hasta este punto, cuando el ayuntamiento tenía razones y medios suficientes para emprender acciones desde la sentencia en primera instancia, hace más de un año, evidencia el poco interés del gobierno y del resto de la oposición en salvaguardar el interés general".

A juicio de la formación asamblearia, "resulta especialmente revelador en este sentido que, una vez conocida la sentencia firme del caso, hace ya tres meses, el gobierno local de CC ni siquiera se molestara en ponerse en contacto con las instancias judiciales correspondientes para informarse de los detalles de su ejecución".

USP destaca que, "además del perjuicio para la imagen y la seguridad jurídica del consistorio, el mantenimiento del secretario en sus funciones ha generado un considerable coste económico".

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