La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz lleva contratando los servicios jurídicos, desde 2009 y por más de 110.000 euros, a "personas vinculadas estrechamente con la empresa de la que son socios el actual alcalde, Lope Afonso, y el concejal de Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Pedro González".
Para el portavoz de la ACP, David Hernández, "independientemente de las implicaciones jurídicas que pudiera tener este asunto, es éticamente inaceptable que el ayuntamiento contrate de manera reiterada y sistemática a compañeros de partido, socios y colaboradores profesionales de miembros destacados del gobierno".
Afirma que entre 2009 y 2011, no siendo ediles, ambos ejercieron la defensa jurídica del consistorio en nueve ocasiones; desde mayo de 2011 lo hace Pedro González porque es el único socio que no figura como edil. Además, Pamarsa y el Organismo Autónomo Local contratan los servicios de los que fueron responsables del departamento laboral de la misma empresa, añade la ACP.
Desde el gobierno municipal se apunta que "no es la primera vez que, cuando las cosas van bien, Podemos recurre al juego sucio, enfangando la política municipal, cuando resulta que los tres miembros del grupo de ACP viven del dinero público y, alguno, de las subvenciones a proyectos que recibe una asociación. Resulta triste ver cómo unas personas que se suponen dedicadas a la vida pública orillan datos muy importantes como es el hecho de que, desde que gobernamos, la gran mayoría de los asuntos se encomienda al servicio jurídico de Cooperación Municipal del Cabildo".
Las fuentes municipales aclaran que el alcalde "no ha desarrollado actividad profesional alguna desde 2011, año en que se incorporó al gobierno municipal y, por otra parte, la sociedad mercantil a la que alude la nota cesó su actividad profesional hace tiempo".
Aclaran que "nunca se ha cometido irregularidad alguna por parte de los aludidos".