El PSOE del Puerto de la Cruz hizo ayer un balance muy negativo, casi catastrófico, de la gestión del gobierno municipal (PP-CC) el año pasado. El secretario general del PSOE y portavoz local, Marco Antonio González, aseguró que 2016 ha sido "otro año perdido" por culpa de "la incapacidad y falta de proyecto" del "desgobierno de PP y Coalición Canaria".
González suspendió al gobierno de Lope Afonso en todas las materias, lo acusó de ser "incapaz de resolver problemas enquistados", y centró buena parte de sus críticas en "la falta de diálogo" y la judicialización de las relaciones con colectivos "tan importantes como los comerciantes o los trabajadores municipales".
"Lope Afonso prefiere ejercer de abogado y no actúa como un alcalde, por eso delega continuamente en los juzgados. Su preocupación es llevar todos los pleitos posibles al juzgado para luego perderlos, en lugar de sacar adelante decisiones consensuadas, por el bien de la ciudad", lamentó.
González se mostró preocupado por algunas de las últimas sentencias conocidas, sobre la ordenanza de ocupación de la vía pública o el personal laboral del ayuntamiento. Según el portavoz del PSOE, "la sentencia sobre el personal laboral, al que quitaron muchos derechos en 2010, podría tener un coste para el ayuntamiento de unos 4 millones de euros".
De la edil de Hacienda, Sandra Rodríguez (CC), González dijo que "ella cree que merece aplausos y lo que merece son abucheos".
Los socialistas no se limitaron a criticar con dureza a PP y CC, sino que también plantearon al gobierno una docena de retos para 2017: la reunión urgente de la comisión municipal sobre el muelle y el parque marítimo, "que no se convoca desde hace cinco meses"; el inicio de las obras de la estación de guaguas, "tras siete años de espera"; la ejecución de la mejora de la playa de Martiánez; la inauguración de la ampliación del Jardín Botánico, "que en 2018 cumplirá 30 años en obras"; la presentación de la auditoría de la gestión de Aqualia; la puesta en marcha de un plan integral para Punta Brava, "para no seguir de parche en parche"; la redefinición de la empresa municipal Pamarsa; la exigencia al Estado de que "aclare su futuro en el Consorcio portuense"; un segundo Plan de Modernización de la ciudad "que tenga en cuenta a los barrios"; la regularización consensuada de la situación de las terrazas de la ciudad; el nuevo auditorio Parque San Francisco, y la consecución de la "paz social" en el ayuntamiento.