El delegado del Gobierno de España en Canarias, Enrique Hernández Bento (PP), aseguró ayer a EL DÍA que la administración central deja el Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz "obligado por un informe jurídico", y recalcó que la voluntad del Estado es "regresar a la entidad" en cuanto se resuelva el contencioso abierto por la justificación de las inversiones, "un asunto que lleva coleando más de dos años y medio".
Bento quiso dejar claro que la salida del Gobierno central no es una decisión política, sino fruto de "una discusión entre técnicos" que espera que se resuelva "lo antes posible".
El delegado fue subsecretario de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España y representante del Estado en el Consorcio portuense. Por eso recalca que conoce bien la discusión técnica que ha derivado en la inminente salida de una de las cuatro administraciones que componen la entidad creada en 2010 para rehabilitar y relanzar la ciudad turística.
"Hay una serie de inversiones que el interventor del Consorcio entiende que están justificadas, pero la Abogacía del Estado no lo comparte. Políticamente, nosotros no tenemos ninguna intención de salirnos del Consorcio, y eso se demuestra en que tanto en 2015 como en 2016 hemos presupuestado nuestra aportación. El problema es que los informes de la Abogacía del Estado nos han impedido transferirlas porque entienden que hay otras aportaciones anteriores que no están justificadas", detalla.
"Con esos informes jurídicos de la Abogacía del Estado, aprobar una transferencia al Consorcio sería, directamente, prevaricar -subraya Bento-. ¿Y por qué nos salimos? Porque hay otro informe jurídico de la Abogacía del Estado que nos dice que al dejar de realizar aportaciones al Consorcio, el Estado tiene que abandonar la estructura orgánica de la entidad".
"Eso se lo hemos trasladado al presidente del Cabildo de Tenerife y del Consorcio, Carlos Alonso (CC), y hemos tenido muchas reuniones con la secretaria de Estado Isabel Borrego. La estrategia que nos hemos marcado es cumplir los informes jurídicos, salirnos del Consorcio y que la entidad intente justificar esas inversiones y, en el caso de que no fuera posible, las reintegre. Una vez resuelto eso, estamos dispuestos a volver a entrar en el Consorcio. Ese es nuestro compromiso", insiste Bento.
El Estado reclama al Consorcio la devolución de casi 1,7 millones de euros de sus aportaciones desde 2010.
"En varias ocasiones les he trasladado a Carlos Alonso (CC) y al alcalde portuense, Lope Afonso (PP), que políticamente nosotros no tenemos ningún interés en salirnos del Consorcio. Queremos seguir dentro y trabajar por la rehabilitación de la infraestructura turística del Puerto de la Cruz", sentencia Bento.