El presidente del Cabildo de Tenerife y presidente del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación del Puerto de la Cruz, Carlos Alonso (CC), desvela a EL DÍA que el Gobierno de España abandonará en breve la entidad creada en 2010 para relanzar la ciudad. En la próxima junta rectora, que se celebrará este mes, "el Estado se marcha del consorcio", según afirma Alonso. Esta decisión se debe al conflicto abierto por discrepancias técnicas respecto a la justificación de las inversiones del Consorcio portuense y a la vigencia de los planes y convenios de financiación. El Ministerio de Industria y Turismo dejará de pertenecer a la entidad mientras se aclara si el organismo debe devolver o no al Estado casi 1,7 millones de euros.

"Han decidido abandonar el consorcio ahora, pero no se descarta que se negocie un nuevo convenio de financiación y vuelvan a entrar", advierte Alonso.

La salida de una de las cuatro administraciones públicas que componen el consorcio desde su creación "no es una cuestión de voluntad política", según recalca Carlos Alonso, quien reconoce que el gobierno nacional (PP) "está de alguna manera maniatado en este asunto por el criterio de la Abogacía del Estado".

"Los servicios jurídicos del Estado consideran que mientras aportas financiación al consorcio eres miembro, pero cuando dejas de aportar, ya no eres miembro -explica Alonso-. Por eso entienden que se tienen que ir y en medio está, además, esa reclamación de cantidades que esperamos resolver de forma satisfactoria. Hemos pactado que se vayan mientras tratamos de solucionar ese contencioso y, cuando esté resuelto, que se vuelvan a incorporar al Consorcio del Puerto de la Cruz".

"Ahora debemos formalizar la salida del Estado y resolver el contencioso que tenemos con ellos respecto a la reclamación de devolución de prácticamente todo lo que han aportado en los últimos años -insiste Alonso-. Ahí tenemos una posición diametralmente opuesta: nosotros pensamos que todas las inversiones están justificadas y ellos reclaman el reintegro de una cantidad máxima de 1,7 millones de euros del total de dos millones que han aportado desde 2010. Y estamos tratando de resolverlo de una manera amistosa".

las claves

El Gobierno de España reclama al Consorcio portuense la devolución de un máximo de 1,7 millones de euros por discrepancias técnicas en la justificación de las inversiones y en la vigencia de los convenios.

La salida del Estado "no es una cuestión de voluntad política", enfatiza Alonso, sino un criterio técnico de sus servicios jurídicos.

La playa de Martiánez y el muelle

Carlos Alonso (CC) asegura que el proyecto de regeneración de la playa de Martiánez se ha desbloqueado tras el envío a Costas del proyecto definitivo del aliviadero del barranco que desemboca en la zona. Este proyecto era un condicionante clave para Costas, en cuyo tejado se sitúa ahora la pelota de sacar adelante un proyecto aprobado y pendiente de ejecución desde 2006. Respecto al muelle, Alonso espera que esta semana se pueda cerrar una postura común con todos los partidos de la corporación municipal.

"Los grupos municipales nos han planteado sus dudas. El gobierno PP-CC está de acuerdo con el proyecto técnico que presentamos y ahora tenemos que resolver las dudas de PSOE y ACP. El objetivo es que esta semana nos reunamos para pactar una hoja de ruta y dar a conocer el proyecto técnico consensuado y las distintas fases en las que se va a desarrollar", señala.

Alonso añade que el Consorcio portuense aún espera que el ayuntamiento termine de aprobar el acuerdo de cesión de las competencias en la concesión de licencias vinculadas al Plan de Modernización y Mejora (con Gestur como oficina técnica), con el objetivo de relanzar la rehabilitación de la planta hotelera.

El consorcio ejecuta en la actualidad la obra del Camino de La Costa y el Cabildo trabaja en la calle Quintana y en proyectos de mejora de fachadas y accesos al mar en Punta Brava.