Solo una decisión de última hora puede evitar que Antonio Méndez, de 78 años de edad, y Berta Ferreiro, de 79, sean desalojados de su casa en seis días. Poco importa que varios informes técnicos (el último del arquitecto Antonio Alonso Hernández) hayan demostrado que la sentencia que entregó su casa a un vecino, Urbano Hernández, se base en una gran mentira -la casa de Antonio no se apoya sobre los cimientos de la de Urbano-, o que el matrimonio que reside en el 102 de la calle Ismael Domínguez haya pedido al Tribunal Supremo que revise su caso "para evitar una gran injusticia". El futuro de este matrimonio está en manos de la jueza del Juzgado Número 5 de La Laguna que dictó la sentencia que los condena a perder su casa, o del abogado del vecino que se quedó con su vivienda. Solo ellos pueden parar el desalojo.

Inma Évora, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dijo ayer que aún existe una tercera vía para evitar que Antonio y Berta pierdan su casa: "Si la justicia no quiere corregir su error, nos queda la movilización de la ciudadanía. Entre todos trataremos de paralizar el desalojo".

La asociación de vecinos El Casco acogió ayer una rueda de prensa en la que quedó en evidencia la extrema tensión que viven los afectados y sus vecinos, que los apoyan de forma abrumadora. Antonio no pudo terminar su primera frase ante los medios. Se derrumbó antes de poder explicar la terrible situación que viven desde hace años.

Antes, la abogada de los Servicios Sociales Luci Cova, y Cristian González, de la Plataforma Yo También Vivo en el 102, habían explicado la situación actual del caso, a la espera de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la petición de revisión.

Sin embargo, esa revisión no aplaza la ejecución de una sentencia que es firme, excepto que la jueza o el abogado de Urbano decidan esperar a que se pronuncie el Supremo. Évora lamentó que "la Justicia no repare sus errores" y subrayó que "todo se basa en una denuncia falsa, totalmente demostrada".

González pidió a la jueza del caso que "recapacite, ya que los errores de la sentencia no son exactamente responsabilidad suya".

Tacoronte se ha volcado para apoyar a Antonio y Berta. Ayer se organizó una concentración de respaldo al matrimonio en La Estación y la próxima semana se entregarán, en Presidencia del Gobierno de Canarias, unas 19.000 firmas de apoyo a estos dos vecinos de Tacoronte.

Si no se aplaza el desalojo antes, el jueves 11 hay convocada una acampada en la plaza de La Estación y, a partir de las 8:00 horas del día 12, una concentración en el exterior de la casa de Antonio y Berta para tratar de impedir que los echen a la calle.

  • En 1973, se edifica la casa donde vive Antonio, en el 102. La ampliación de la casa de Urbano no existe.
  • En 1977, una foto aérea demuestra que la casa del 102 está construida y que la del 104 continúa inalterada. Urbano compra la casa.
  • En 1982, una foto aérea muestra que Urbano ha levantado un edificio de tres plantas en el 104.
  • En 1988, Antonio Méndez compra su casa.
  • En 2004, Urbano denuncia que la casa de Antonio se apoya en la suya.
  • En 2006, el primer informe pericial se hizo sin las fotos aéreas que desmontaban la denuncia de Urbano, y la Oficina Técnica Municipal de Tacoronte tampoco aporta documentación de la obra del 102, que se hizo con licencia local en 1973.
  • En 2012, con el caso cerrado, "aparece" en el consistorio la documentación de la obra del 102. Y por primera vez se piden las fotos que demuestran el engaño. Pero ya es tarde. Urbano se ha adjudicado la casa.