Que se han cometido infinidad de atrocidades con los animales; que, desgraciadamente, se siguen cometiendo y que todos los esfuerzos para evitarlas son pocos es un axioma de fácil consenso. Que, a su vez, se cometen excesos en la aplicación o, más bien, en la interpretación de las normas, también. Es lo que piensan muchos de los vecinos y personas conocedoras de la denuncia y posterior multa que preocupan desde el 3 de noviembre de 2013 y desde el pasado marzo a Santiago Perdomo Rodríguez, vecino portuense y propietario del restaurante Rincón del Mar, en Punta Brava. En 1970 y durante todos estos años, jamás pensó que la tortuga disecada que le regalaron a su padre, entonces dueño del negocio que asumió en 1999, le podría costar al final 1.800 euros de sanción por exhibirla en su bar. Desde entonces y, sobre todo, desde que en marzo le notificaron la sanción, no da crédito.
Santiago, al que EL DÍA sorprendió mientras preparaba la cena del pasado viernes, se muestra reticente a la publicación de la noticia porque teme que el Seprona tome más represalias. Sin embargo, muchos de sus vecinos, incluso algunos de su competencia gastronómica, tampoco salen de su asombro y consideran la multa totalmente injusta y fruto del afán recaudatorio o de la venganza de alguien. De hecho, la Asociación Cultural Vecinal de Punta Brava recabó a toda prisa unas quince firmas de apoyo que el afectado adjuntó al recurso que presentó lo antes posible. Los residentes y algunos clientes intentan reforzar su argumento de que el animal ya se exhibía (su caparazón, cabeza y extremidades) desde 1970, cuando el negocio era conocido como restaurante Nicolás El Chino, padre del ahora regente.
Según su relato, y sin ningún aviso previo, un miembro del Seprona que acudió a su restaurante en noviembre pasado le preguntó por la tortuga disecada que colgaba de una de las paredes. Se trataba de un ejempla de la especie "Caretta caretta", conocida popularmente como tortuga boba e incluida en el anexo A del catálogo de protección de animales silvestres de 2013 para evitar su comercio. Sin duda, el animal disecado destacaba en un negocio especializado en el pescado que, para reforzar el mensaje y la sensación de océano, ha cuidado al detalle la decoración con numerosas caracolas, corales, estrellas de mar, lapas, corazas de mejillones, conchas de almejas y de otras especies, así como maquetas de barcos, fotos antiguas de pescadores locales... Todo colocado con esmero y casi formas geométricas, lo que gusta mucho a un amplio número de clientes y se ha convertido en un atractivo del negocio, en algo diferenciador. Una marca de la casa. Como una firma. De hecho, el agente se incautó también de un pez globo.
El propietario le explicó que la tortuga siempre había estado en el restaurante y que se la habían regalado a su padre, con lo que era una herencia. El agente le indicó que eso debía demostrarlo para contrarrestar la correspondiente denuncia. A Santiago lo sorprendió la situación, pero prefiere no decir mucho más por sus miedos.
La sanción se fundamenta en el artículo 25.1 del Real Decreto 1649/1998. En principio, la denuncia la califica de falta leve. En su recurso, el afectado subraya que la tortuga pertenece a su familia con mucha mayor antelación y que se la regalaron ya disecada, por lo que no se habría cometido la irregularidad. Además, su defensa legal también remarca que, si no se cuenta con factura de la compra de animales disecados, en tal caso la falta prescribe a los cinco años, con lo que también se habría superado de sobra ese plazo.
Santiago ha aprendido muy bien la lección y los últimos animales que ha adquirido para su negocio, entre ellos algunos peces globos que le han traído de Barcelona, tiene todos los papeles en regla y, por supuesto, factura. Y lo mismo con los corales y caracolas, que el Seprona también amagó con llevarse.
La sanción calcula que la tortuga tendría un valor hoy de unos 900 euros. A falta de resolución sobre el recurso, el debate está abierto sobre si estas sanciones caben con efecto retroactivo y si concienciar sobre la protección de animales ha de llevarse también a estos casos. "Porque, si es así -según apunta uno de los vecinos que desvelaron lo ocurrido a EL DÍA y que prefiere el anonimato-, qué se hace con muchos museos o piezas existentes en numerosas casas particulares".
Procedimiento normal y legal
Fuentes de la Guardia Civil subrayan a EL DÍA que la denuncia inicial del Seprona es un paso totalmente "normal, habitual y legal" que deben dar en virtud de la normativa y del convenio internacional de conservación de especies protegidas. Ese acuerdo, denominado Cites y firmado en Washington en 1973, incluye a 178 países y cuenta con España desde el 16 de mayo de 1986. Según dichas fuentes, si ya hay sanción es porque el organismo competente de la multa (en este caso el Ministerio del Interior, aunque se tramita a través de Hacienda) ha visto indicios de que se ha cometido alguna irregularidad o no se ha probado lo contrario. Además, este trámite resulta imprescindible, si bien se debe esperar luego a las investigaciones y comprobaciones pertinentes y a que los afectados demuestren que adquirieron de forma legal el animal. Eso sí, se recalca que estas faltas tienen fecha de prescripción (5 años) y que, en el proceso, se tiene muy en cuenta los testimonios y lo que digan los técnicos que analicen al animal y los años de disecado. Al área de Medio Ambiente del Cabildo, que lleva 16 años salvando más de 1.200 ejemplares de tortugas atrapadas en redes no le consta este caso. No obstante, no se disimula cierta extrañeza por la denuncia si el argumento del dueño es verdadero.