La Fiscalía ha iniciado el procedimiento para una posible inhabilitación de Quim Torra como cargo público por su demora en quitar de los edificios públicos los símbolos independentistas, tras incumplir los plazos establecidos por la Junta Electoral Central (JEC) antes de retirarlos ayer.

Pero el pulso político no cesa: el presidente de la Generalitat colgó una pancarta por la libertad de expresión en la fachada del Palau de la Generalitat, en la que puede leerse "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Esta última pancarta apareció a las 15:05 horas, es decir, justo después de que acabara el plazo que ayer dio la Junta Electoral para quitar de la vía pública cualquier simbología considerada "partidista", y por tanto, contraria a la legislación en periodo electoral.

El nuevo cartel es el tercero, ya que originalmente se exhibía uno con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", junto a un lazo amarillo, y que tenía que haber sido retirado el martes tras varios requerimientos. Ayer, Torra lo sustituyó por otro con el mismo lema y un lazo blanco atravesado por una franja roja.

A partir de ahora se abre un nuevo escenario si a la Junta Electoral llegan nuevas reclamaciones contra la última pancarta de Torra. Tendrá que reunirse y dirimir si vulnera el principio de neutralidad que la legislación pide preservar durante los periodos previos a los comicios.

El cartel de Torra, al defender la libertad de expresión sin simbología ni más mensajes o consignas, pudiera ser legal. La Junta tendrá que analizarlo, y una vez que durante la mañana fueron desapareciendo de los edificios públicos los símbolos colocados el jueves, que habían sustituido a los lazos amarillos.

En las consellerías que dirigen representantes de ERC estos elementos se eliminaron sin intervención de los Mossos D''Esquadra, en tanto que en la Generalitat, los funcionarios procedieron a la retirada de la pancarta de la fachada en cuanto se personó la policía catalana a media mañana.

Una vez terminado el plazo de retirada a las 15:00 horas, la Delegación del Gobierno en Cataluña envió el informe preceptivo a la JEC y ya recogía la última maniobra de Torra, la de la pancarta por la libertad de expresión.

No fue el único movimiento del president durante la jornada, pues anunció un recurso ante el Supremo contra las decisiones de la JEC y una querella al mismo órgano por presunta prevaricación.

Asimismo, la Fiscalía comenzó el proceso contra él, ya que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado a la Fiscalía de Cataluña que se querelle por los incumplimientos de los acuerdos de la Junta Electoral Central.

Aceptaba de este modo la remisión del caso hecha por la JEC ante las "responsabilidades penales" en las que ha podido incurrir el presidente de Cataluña. En el acuerdo del jueves, la Junta acusa a Torra de "incumplimiento consciente y reiterado".

Su actitud podría ser causa de un delito de desobediencia, y a su vez, de inhabilitación para cargo público. El artículo 410 del Código Penal prevé en estos supuestos "inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años". Será la Fiscalía de Cataluña la que estudie el caso porque Torra tiene condición de aforado y los posibles delitos los habría cometido dentro del territorio catalán.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar, incluso para evitar posicionarse, como lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Bruselas, al eludir comentar tanto la querella que prepara la Fiscalía como la que ha avanzado Torra contra la JEC.

Sí se pronunció el líder del PP, Pablo Casado, quien criticó la "rebeldía" de Torra y su intento "grotesco" de sortear a la Junta Electoral Central.