El presidente de la Generalitat, Quim Torra, decidió ayer mantener los lazos amarillos en los edificios públicos tras vencerse el último plazo dado por la Junta Electoral, a la vez que se comprometió a acatar el criterio del defensor del pueblo catalán sobre si debe reconsiderar su postura.

El plazo venció sin que Torra accediera a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando ayer la pancarta con el lema "Libertad presos políticos y exiliados", junto a un lazo amarillo.

La JEC planteó el lunes por la tarde un ultimátum a Torra al darle un nuevo plazo de 24 horas para que retirase de los edificios de la Generalitat los lazos amarillos y las esteladas, advirtiéndole de que si no lo hacía, podría incurrir en responsabilidades penales.

Ayer, Torra envió un nuevo escrito a la JEC, en el que insistía en la "imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.

Tras la reunión del Govern, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, señaló que Torra había mantenido contacto con el Síndic de Greuges -defensor del pueblo catalán-, Rafael Ribó, para valorar "si se tiene que actuar o no y, en el caso que tenga que hacerlo, dónde, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones".

Torra informó al Govern, según Artadi, de que, "esté o no de acuerdo con el posicionamiento del Síndic, seguirá sus recomendaciones", unos criterios que Ribó, según fuentes de la Sindicatura de Greuges, trasladaría ayer o bien hoy a Torra.

Pocas horas después, la JEC reaccionó al escrito de Torra y rechazó concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos.

La JEC señaló que el escrito de Torra no identifica los edificios ni las razones jurídicas que demuestren "la imposibilidad" del presidente de la Generalitat "de ejercer sobre ellos aquello que le fue ordenado", es decir, la retirada de esos símbolos.

Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d''Esquadra.

Previamente, la Delegación del Gobierno en Cataluña tiene que informar a la propia JEC, a partir de esta tarde, "del grado de cumplimiento de su orden de retirar lazos amarillos en los edificios públicos dependientes de la Generalitat", según dichas fuentes.

En este sentido, la Delegación del Gobierno ya había remitido a la JEC un escrito en el que detallaba que, pasadas las 15:00 horas, una docena de edificios del Govern, incluido el Palau de la Generalitat, seguían exhibiendo lazos amarillos.

Fondos públicos al 1-O

El número tres de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda, reconoció ayer que no se puede descartar que se destinasen fondos públicos al 1-O porque la información remitida por la Generalitat, que estaba intervenida, fue a veces "inexacta" y los controles de Hacienda no responden a "la realidad material de los hechos". Felipe Martínez Rico, entonces subsecretario de Hacienda, testificó para responder por el posible uso de fondos públicos durante el "procés", después de que el exministro admitiera en el juicio que no se puede descartar que se destinase dinero público al 1-O porque un análisis contable "siempre puede resultar engañoso".