El Gobierno ha puesto finalmente fecha, el próximo 10 de junio, a la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su inhumación en El Pardo, y tomó esta decisión sin saber si el Tribunal Supremo detiene el proceso como medida cautelar mientras resuelve el recurso de la familia.

Si el alto tribunal deja seguir el procedimiento, el traslado de los restos de Franco tendrá lugar casi un año después de que Pedro Sánchez se comprometiera a hacerlo, y será además en una nueva legislatura, aunque no se sabe si para entonces se habrá formado nuevo Gobierno.

El Ejecutivo ha defendido la fecha elegida precisamente por ser después de los dos procesos electorales que se van a celebrar, las elecciones generales del 28 de abril y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y así lo argumentó en la rueda de prensa posterior al Consejo la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Calvo, además, advirtió a los periodistas de que gobierne quien gobierne para entonces debe cumplir la ley vigente y por tanto ejecutar la exhumación y el traslado de los restos del dictador al lugar elegido por el Ejecutivo, el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo. "Esta decisión la tiene que cumplir cualquier Gobierno mientras sea legal" y solo podrá dejar de hacerlo si se modifica la norma vigente, insistió la vicepresidenta.

No se puede en cualquier caso vaticinar si para esa fecha habría un nuevo Gobierno que revocase la decisión cambiando la ley. Los plazos hacen pensar que es difícil que así sea, porque las Cortes se constituyen el 21 de mayo, después tienen que pasar las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y no se espera que sea hasta días posteriores cuando el Congreso celebre la investidura del presidente del Gobierno.

Si un nuevo Gobierno quisiese revocar esta ley a contrarreloj tendría que hacerlo con un Real Decreto Ley que convalidasen las nuevas Cortes. Además, para entonces el Gobierno espera que el Supremo haya resuelto si toma medidas cautelares que comporten detener la exhumación.

Fuentes del Ejecutivo confían en cualquier caso en que el alto tribunal no paralizará el proceso, porque creen que el expediente es "impecable". Y en cualquier caso señalan que el daño no es irreversible porque si el Supremo diese finalmente la razón a la familia, los restos de Franco podrían ser devuelto a la basílica en la que se encuentran. Carmen Calvo explicó en la comparecencia cómo quiere el Gobierno llevar a cabo la exhumación. Será un acto privado para respetar la intimidad de la familia, que puede estar en la exhumación y en el entierro de El Pardo, y el "decoro" que el Gobierno, incidió, ha venido prometiendo en todo momento.

Y será privado también, sin imágenes, ni comunicación ni convocatoria pública del traslado de los restos, porque no se trata de un "espectáculo", apostilló la vicepresidenta. Para el Ejecutivo, el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, donde ya está enterrada la esposa de Franco, Carmen Polo, permite "garantizar tanto las condiciones de dignidad y respeto como la digna sepultura exigidas", aunque no sean el lugar que reclamaba la familia, la Catedral de La Almudena, que el Gobierno rechazó por cuestiones de seguridad.

Carmen Calvo también insistió en su convencimiento de que no habrá problemas con la Iglesia para acometer la exhumación. En este sentido, recordó que la Iglesia ya ha dicho que no iba a obstaculizar la decisión que tome la autoridad competente. Y dicha autoridad, subrayó, es el Consejo de Ministros que ayer decidió la fecha. Casi un año después de que Sánchez anunciase su intención de cumplir el mandato del Congreso y exhumar los restos de Franco, Calvo destacó que esta promesa se habría cumplido mucho antes si la familia hubiese asumido la decisión sin intentar pararla con todos los instrumentos que ha tenido a su alcance.