El expresident Carles Puigdemont, tres días antes del 1-O, comunicó a los Mossos la "decisión" de continuar con el referéndum porque había un "mandato del pueblo", pese a las advertencias de la Policía autonómica, que trató de "disuadir" sin éxito al Govern ante la "escalada de violencia" que podía desatarse.

Fue la versión del primer alto mando de los Mossos que testificó en el juicio del ''procés'', después de varios días escuchando relatos que apuntaban a una pasividad y connivencia de este cuerpo para que se celebrase el 1-O en lugar de impedirlo.

No fue por esa línea la testifical del jefe de Información de los Mossos el 1-O Manel Castellví, quien reveló que los altos mandos de la Policía autonómica intentaron "concienciar" al Govern de Carles Puigdemont de las situaciones de violencia que se podían dar durante la jornada.

Lo hicieron en dos reuniones. La primera fue el 26 de septiembre de 2017 en el Palau de la Generalitat, y según le informaron, ya que él no asistió, fue convocada por el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para trasladar al Govern "la grave preocupación" por lo que podía suceder el 1-O "en el ámbito de la seguridad ciudadana y de orden público".

Ese día, dijo, intentaron hacer ver a Puigdemont que "aunque las informaciones y los llamamientos (a votar) fueran pacíficos" podía haber un "momento de tensión con escalada de violencia", si bien pese a que intentaron disuadirle, "salieron igual que entraron".

Dos días después se produjo, también a petición de Trapero (el principal señalado en los relatos policiales escuchados hasta ahora), la segunda reunión, en la que ya estuvo Castellví.

Además de él, el único miembro de la cúpula de los Mossos que no está imputado en un juzgado de Cornellá (Barcelona) por pasividad el 1-O, asistió Trapero, su segundo, Ferrán López, que ascendió a jefe de los Mossos con el 155, y los comisarios Joan Carles Molinero y Emili Quevedo.

"Nos sentamos", prosiguió, con el objetivo de volver a trasladar a Puigdemont, al vicepresident Oriol Junqueras y al conseller Joaquim Forn la "preocupación" de que la "actuación pasiva" de los congregados se convirtiese en "activa" cuando la Policía procediese a actuar.

Y les recriminaron que desde el Govern se estuviera "enviando un mensaje de tranquilidad a la población como si el 1-O se tratara de una jornada electoral", dando "cierta imagen de normalidad" al referéndum.

Según confesó, la respuesta del entonces president, ahora huido en Bélgica, fue "que había un mandato del pueblo" y una "decisión del gobierno de llevarlo a cabo"; y lo mismo dejó ver Junqueras, pese a que manifestó que entendía su posición.

Así, continuó Castellví, con una sensación de "frustración" al saber que el Govern seguiría adelante con el referéndum, "la reunión finalizó", no sin antes "dejar bien claro" al Govern que actuarían "en cumplimiento" del mandato judicial de impedir el referéndum. "Salimos de allí convencidos de que se iba a realizar", ha señalado Castellví, el primer alto mando de los Mossos que verbaliza la responsabilidad de no desconvocar el 1-O en Puigdemont.

El comisario, ya en segunda actividad, admitió que el dispositivo policial conjunto fue "insuficiente" y que tras el 1-O fue consciente de que erraron en las previsiones porque nunca imaginaron "la magnitud del gran movimiento social que hubo el 1-O". "En ese sentido quizá hemos fracasado (...) En el análisis de riesgos nos equivocamos todos".

Sin llegar a defender, pero tampoco cuestionando la actuación de lo Mossos, Castellví reconoció que la policía autonómica utilizó la fuerza en 23 de los 134 colegios que cerraron el 1-O. Pero no precisó por qué no actuaron en los otros 2.000, donde en su mayoría únicamente se encontraba un binomio de Mossos, ni tampoco por qué no recurrieron en ningún momento a la unidad antidisturbios (BRIMO), pese a que el dispositivo estaba integrado por 7.850 efectivos, de los 11.000 agentes que trabajaban ese día.

Ante las acusaciones vertidas por altos mandos policiales, Castellví negó que desde este Cuerpo se hiciesen labores de vigilancia a las fuerzas de seguridad del Estado, si bien manifestó desconocer que se controlasen las matrículas de los vehículos camuflados.