La llegada al Congreso de los decretos leyes que está aprobando el Gobierno para su convalidación ha agrandado la grieta entre los bloques que en la Mesa forman PP y Cs, por un lado, y PSOE y Unidos Podemos, por otro, y además, han generado discrepancias en otros grupos parlamentarios.

Distintas fuentes parlamentarias han destacado que la tramitación de los decretos leyes con las Cortes disueltas al iniciarse el periodo preelectoral causó un intenso debate en la reunión de la Mesa del pasado lunes, y en ocasiones momentos de tensión.

También han causado malestias en otros grupos parlamentarios, incluso en Unidos Podemos, cuyas fuentes inciden en que si bien no difieren del momento en que llegan los decretos, sí creen que su abuso puede resultar "grosero".

Desde hace días PDeCAT y PNV han indicado que no les gusta demasiado el recurso al decreto ley, y más con las Cortes disueltas por un adelanto electoral.

En la Mesa el debate ha sido intenso, como pudo comprobarse el lunes pasado.

Era una reunión destinada a cerrar cuestiones de intendencia y de logística, pero la tramitación de los reales decretos leyes que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes tensó los ánimos.

Las fuentes de la Mesa consultadas han subrayado que en ese punto el debate se alargó porque PP y Ciudadanos advirtieron que el envío de los decretos podría llegar a provocar un "hurto" al Parlamento de sus funciones.

Los nueve integrantes de la Mesa (Ana Pastor -presidenta-, Alicia Sánchez Camacho, Rosa Romero, del PP; Micaela Navarro y Juan Luis Gordo, del PSOE; José Ignacio Prendes y Patricia Reyes, de Cs; y Gloria Elizo y Marcelo Expósito, de Unidos Podemos) repasaron los precedentes de convalidaciones de decretos leyes en la Diputación Permanente y en periodo electoral.

Ayudas para reparar los daños causados por un temporal en Canarias (2015) o por un terremoto en Lorca (2011), la aprobación de créditos extraordinarios para distintos ministerios (2011), la actualización del IPREM (2008) o la de las pensiones (1996) son algunos ejemplos.

Para los representantes de PP y de Ciudadanos son cuestiones que nada tienen que ver con los contenidos de los que el Gobierno de Pedro Sánchez propone ahora, que conllevan además "desarrollo legislativo", inciden las fuentes de la Mesa consultadas.

Los representantes del PSOE, sin embargo, defendieron la legalidad y constitucionalidad de la actuación del Gobierno.

El debate continuó cuando se planteó la posibilidad de que en la Diputación Permanente, cuando se reúna, un grupo pida tramitar el decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que da opción de cambiar el contenido, aunque en plazos más reducidos.

Fue entonces cuando se esgrimió el artículo 151.5 del reglamento del Congreso, en el que se destaca que ese caso puede darse. No obstante, no aclara qué pasos hay que seguir después porque no hay comisiones para enviar las enmiendas.

La presidenta del Congreso pidió un informe a los servicios jurídicos, lo que no agradó al grupo socialista.

El PSOE, de hecho, critica a la mayoría de la Mesa que forman PP y Cs, y en concreto a Pastor, por intentar entorpecer ahora la iniciativa del Gobierno con los decretos después de nueve meses durante los que también han entorpecido muchas de sus propuestas.

Fuentes de la dirección del grupo socialista minusvaloran el recurso del PP a la Junta Electoral Central, pues no le ven salida, y recuerdan a los populares que en el caso de que recurran al Constitucional, ya hay sentencias.