La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha presentado hoy en el Congreso el informe de fiscalización del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas (FFCCAA), en el que se califican de "excesivos" los recursos que el fondo destina a las comunidades.

Según el informe, presentado por la presidenta de este órgano en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, las aportaciones del Estado a las comunidades mediante el FFCCAA "superaron a las operaciones firmadas con las comunidades autónomas" en 927 millones de euros en 2015 y en 549 millones en 2016, los años analizados en el documento.

Las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios se han centrado también en la financiación de Cataluña, marcada por el control de gasto que impuso el anterior Gobierno y que según este informe se incumplió en varias ocasiones entre 2015 y 2016.

Uno de los gastos más llamativos es la partida de 270.000 euros que la Generalitat destinó a una "entidad pública cuya actividad está relacionada con telecomunicaciones" sin justificar mediante facturas que se trataba de un "servicio público prioritario", requisito obligado por el control de gasto. El órgano fiscalizador no nombra a dicha entidad.

El Tribunal de Cuentas señala también que la financiación recibida por algunas comunidades se desvió del objetivo del déficit marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, hasta alcanzar un exceso de financiación de 297 millones de euros en 2016.

Una de las principales críticas del organismo fiscalizador, y en la que han coincidido casi todos los grupos parlamentarios en sus intervenciones, es la falta de un "desarrollo reglamentario" del decreto de 2014 que reguló el Fondo, a lo que se añade la falta de manuales internos de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, que para el tribunal "serían necesarios para un control adecuado".

En el informe se apunta que el esfuerzo que realizarán las comunidades para devolver la financiación será "desigual", ya que por ejemplo la Comunidad Valenciana destinará a este fin el 25% de sus ingresos durante los próximos cuatro ejercicios.

En cuanto a las recomendaciones dirigidas al Ministerio de Hacienda, el informe reclama una mejora en las aplicaciones informáticas, tanto para permitir un "examen y tratamiento de la información" como para permitir un "seguimiento adecuado de las peticiones de fondos".

También se insiste en la necesidad de un "desarrollo reglamentario" para el fondo de financiación, así como de "manuales internos de gestión".

De la Fuente ha expuesto también en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas otro informe, el de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades dependientes de las comunidades autónomas, en aquellas en las que no existe un órgano de control externo para este fin: Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia.

Según este informe, en las comunidades fiscalizadas existían "solapamientos y duplicidades" en las actividades atribuidas a algunas de las entidades eliminadas, motivo por el que se llevó a cabo esta supresión.

El tribunal, en sus recomendaciones, señala que en Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia todavía pueden existir "eventuales duplicidades e ineficiencias" en las entidades todavía vigentes.

La reestructuración de estos organismos ha llevado a una reducción de personal de 427 personas y un ahorro de 9,5 millones de euros.