El Gobierno dio ayer los últimos pasos en el procedimiento para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, sin ser capaz de garantizar que efectivamente podrá sacarlo de este emplazamiento y reinhumarlos en una ubicación distinta a la elegida por la familia en la cripta de la catedral de la Almudena.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó el acuerdo motivado aprobado por el Consejo de Ministros con el que se "culmina" el procedimiento.
Sin embargo, el proceso iniciado en agosto pasado para exhumar los restos del dictador y hacerlo conforme a Derecho no habrá terminado si la familia, como parece, se niega a elegir una sepultura distinta a la que posee a perpetuidad en la cripta de catedral de la Almudena, lugar que el Gobierno descarta por su ubicación tan céntrica.
Sólo si los nietos de Franco accedieran a enterrar los restos de su abuelo en un lugar distinto a la Almudena el procedimiento administrativo se podría dar por culminado. Pero esta hipótesis se muestra lejana a juzgar por las declaraciones de la familia y su entorno, que se niegan a aceptar la prohibición de que Franco repose en la céntrica cripta de la catedral.
Pasado el plazo de 15 días que da a la familia el acuerdo motivado aprobado ayer por el Gobierno, si los nietos guardan silencio o no llegan a un acuerdo sobre una ubicación alternativa, será necesario que el Consejo de Ministros se reúna de nuevo para decidir una sepultura digna para los restos del dictador en un lugar que no presente riesgos de seguridad ni de orden público, como sí sucede, en opinión del Ejecutivo, con la cripta de la Almudena.
Esta decisión definitiva podrá ser recurrida por la familia y otras partes interesadas, que con toda seguridad solicitarán al tribunal medidas cautelares para paralizar el proceso, como así han adelantado.
La Fundación Francisco Franco anunció ayer que recurrirá el acuerdo definitivo de exhumación, que consideran el colofón de un proceso plagado de "ilegalidades y arbitrariedades", con el fin de que los tribunales "impidan" una "tropelía" que solo aumentará "la tensión, el enfrentamiento y la crispación entre los españoles".
En un comunicado, indicó que lo hará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para paralizar las "ilegalidades" que la asociación ha denunciado y esperan que "los magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley y en defensa de los derechos humanos y fundamentales" impidan "esta tropelía" que el Gobierno "alza como una victoria, sin serlo".
Reiteró que la exhumación acordada por el Consejo de Ministros es ilegal "no solo por lo que acuerda, sino por lo que no acuerda" y representa un "esperpento mayor" ya que "no respeta ni siquiera el propio procedimiento" que estableció el Ejecutivo con el decretazo, que ahora trata de vender como "un éxito" y como "bandera de reclamo sanchista-podemita".