El Gobierno ha decidido activar varias medidas para amortiguar la salida de la UE del Reino Unido y ha anunciado que prepara un real decreto, que prevé aprobar en febrero, sobre los derechos de los ciudadanos británicos que residen en España y los españoles que están en aquel país relativos a asistencia sanitaria, seguridad social o reconocimiento de titulaciones, entre otros aspectos.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado tras el Consejo de Ministros de este viernes que se van a dar ya pasos ante la cercanía de la fecha en la que el Reino Unido abandonará la Unión. El Ejecutivo ha revisado en su reunión de este viernes un informe con la planificación para los próximos meses y ha subrayado su interés por que sea una ruptura pactada, pero ha dejado claro que ha trabajado también en un escenario de un Brexit no pactado.

Celaá ha querido enviar un mensaje "clarísimo" de "calma y certeza" y de que el Gobierno "está preparado" para cualquier posibilidad, también para "paliar el escenario no deseado de una salida sin acuerdo".

RESIDENTES LEGALES EN EL PAÍS

De entrada, el Ejecutivo trabaja en un real decreto sobre ciudadanía, que aclare la situación en la que quedarán los británicos que permanezcan en España cuando se produzca el Brexit y los españoles residentes allí. "La voluntad del Gobierno es la de preservar globalmente sus derechos por considerar que tomaron sus decisiones vitales creyendo en el proyecto europeo", ha explicado el Gobierno.

Para ello, se habilitará un sistema por el que los ciudadanos británicos en España pasan, de ser ciudadanos de la UE, a ser residentes legales en el país, y se adoptan las medidas necesarias para garantizar a españoles y británicos derechos, seguridad social, asistencia sanitaria, reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, entre otros.

Mención especial merece el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales, que será reconocido mediante un Acuerdo Bilateral específico según lo previsto en el artículo 13 de la Constitución española.

El Gobierno prepara además otras normas sectoriales, para el sector financiero y sobre aduanas, transporte aéreo, agricultura y pesca, que complementen la normativa de la UE. También se preparan medidas para "ayudar a las empresas en este tránsito".

NUEVA WEB INFORMATIVA

La portavoz ha agregado que se va a poner en marcha además el próximo lunes, 14 de enero, una página web dedicada a reunir toda la información sobre el Brexit, que sea útil para empresas y ciudadanos y esté al día sobre la situación.

"Quiero enviar un mensaje de absoluta tranquilidad a los actores económicos e institucionales en los que va a tener repercusión el Brexit", ha dicho la ministra, que ha insistido en el interés en proteger fundamentalmente a los ciudadanos.

"Trabajamos codo con codo con las instituciones de la UE y lo más importante, para proteger los derechos de la ciudadanía aquí y de los españoles en suelo británico", ha recalcado.

GIBRALTAR

Gibraltar constituye un caso particular en el ámbito de las medidas de contingencia por dos razones, asegura el Gobierno. De un lado, el territorio se beneficia de una aplicación selectiva de los Tratados de la UE (no participa en la Unión Aduanera, la PAC, la Política Pesquera Común o el territorio de aplicación armonizada del IVA). Por otra, Gibraltar es un objeto de reclamación de soberanía por parte de España, que el Gobierno mantiene en su integridad.

Gibraltar ha quedado excluido del paquete de medidas presentadas por la Comisión el pasado 19 de diciembre y las medidas de contingencia nacionales tendrán dos objetivos. Por un lado, preservar los derechos de los ciudadanos, incluido el derecho de los trabajadores al cobro de pensiones y prestaciones de la seguridad social.

Por otro, garantizar que el cese de la aplicación del Derecho de la UE no provoque conductas lesivas a los intereses de la UE y España, como el tráfico y el contrabando, o la evasión de impuestos u ocultación de beneficios.

Estos objetivos están contemplados en los acuerdos bilaterales firmados entre el Reino Unido y España en relación con Gibraltar y la "voluntad" del Gobierno es que sigan en vigor con independencia del escenario que se produzca. "En la eventualidad de una salida abrupta, su aplicación deberá ajustarse a esta circunstancia, constituyendo de hecho parte importante de las medidas de contingencia para Gibraltar", agrega el Ejecutivo.

Las medidas de contingencia se ajustan a los requisitos fijados por la Comisión, que exigen que sean unilaterales, conformes al Derecho de la UE y de un alcance temporal y material limitado, para no reproducir las ventajas de la pertenencia a la Unión.