El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estará presidido durante los próximos cinco años por el magistrado conservador Manuel Marchena y contará con una mayoría de vocales de corte progresista, de acuerdo con el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE, que ha sumado finalmente a Podemos.
El pacto, el primero entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado, llega en un momento convulso para el poder judicial, tras la polémica gestión del caso del impuesto de las hipotecas en el Tribunal Supremo, e indirectamente tendrá repercusiones en uno de los juicios de mayor calado en agenda: el del proceso soberanista catalán.
Marchena, un magistrado de talante dialogante y con una larga y reconocida trayectoria en la carrera judicial, iba a presidir ese juicio como presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cargo que abandonará para asumir las riendas del CGPJ si no se desbarata el acuerdo parlamentario.
Ha sido propuesto por el PP y, aunque el Gobierno aspiraba a situar por vez primera a una mujer al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, decidió ceder en favor del consenso y ante un nombre con prestigio y que ha demostrado su capacidad de gestión en el Supremo.
El líder del PP, Pablo Casado, ha subrayado hoy que la "regeneración política" implica cumplir con la Constitución y las leyes y renovar en plazo las instituciones del Estado -el mandato de los actuales miembros del CGPJ concluye el próximo 4 de diciembre- y el PSOE ha subrayado que era imperioso llevar a cabo la "renovación frente al bloqueo".
Defendían así que un acuerdo criticado por las asociaciones de jueces y que se ha cerrado mientras desde Moncloa se daban por rotas las relaciones entre Sánchez y Casado y los populares no cejaban en pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Ella ha sido de hecho la principal negociadora del pacto junto al responsable de Justicia del PP, Rafael Catalá, que han tejido a lo largo de semanas y con total discreción un consenso que parecía imposible de puertas afuera.
Se esperaba que el PP propusiera diez vocales y el PSOE otros diez, pero finalmente los populares han cedido uno de sus puestos para que Marchena ocupe la presidencia del CGPJ y los socialistas, con once puestos en sus manos, se ha encargado de negociar en paralelo el apoyo de Podemos al consenso.
Según han informado a Efe fuentes de Moncloa, Pedro Sánchez se ha reunido con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para trasladarle los términos del pacto con los populares.
A pesar de su rechazo a Marchena, la formación morada ha alcanzado un principio de acuerdo con el PSOE al entrar en el CGPJ el magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada, su exdiputada Victoria Rosell, el juez que llevó ante la justicia europea la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, y la presidenta de la Audiencia de Navarra, Esther Erice, según han informado a Efe fuentes parlamentarias.
El pacto entre PP y PSOE se ha materializado al registrar ambas fuerzas en el Congreso y en el Senado una lista con los nombres de los ocho candidatos elegidos entre juristas de reconocido prestigio, pero el pacto incluye también a los doce vocales de extracción judicial, que saldrán del listado de 51 jueces avalados por las asociaciones profesionales o por sus propios compañeros.
En el primero de los grupos, la lista progresista incluye a De Prada; a Carmen Sáez Lara, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Córdoba; Pilar Fernández Pérez, fiscal miembro de la Unión Progresista de Fiscales; Luis Martín Contreras, letrado de la administración de justicia en el Supremo; y Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo de Asturias.
Los populares proponen por su parte a Manuel Altava, magistrado y actualmente presidente de la Comisión de Justicia del Senado; José Miguel Castillo, abogado y exdiputado, y Rosa Rubio, miembro de la Asociación de Fiscales y miembro del Consejo Fiscal.
Aunque todavía no se ha hecho pública, fuentes cercanas a la negociación apuntan a que entre los doce vocales de extracción judicial, estarán, por el sector progresista, Fernández Seijo, Esther Erice, Victoria Rosell, los magistrados del Supremo Ángel Arozamena y José María del Riego y la expresidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género Inmaculada Montalbán
A propuesta del PP entrarían en el Consejo Gema Espinosa, exdirectora de la Escuela Judicial, esposa del juez Pablo Llarena y candidata que más avales logró de sus compañeros; y María Tardón, recientemente elegida magistrada de la Audiencia Nacional y avalada por la asociación Francisco de Vitoria.
También se espera en ese listado al magistrado del Supremo José Antonio Montero; y al magistrado del juzgado de instrucción número 4 de Fuenlabrada (Madrid) Alejandro Abascal, ambos avalados por la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
Las asociaciones de jueces han mostrado su malestar al conocerse el pacto del PP y del PSOE en torno a Marchena antes incluso de que los vocales sean designados por el Parlamento, cuando la ley señala que son ellos los encargados de elegir al presiente del CGPJ.
La Francisco de Vitoria ha llegado a calificar el acuerdo de "aberrante", mientras que el minoritario Foro Judicial Independiente lo ha tachado de "vergonzoso".
En esa misma línea, el presidente de Ciudadanos, Alberto Rivera, ha considerado un "escándalo" que el PP y el PSOE hayan negociado "a dedo" el nuevo CGPJ: "El Poder Judicial no es un supermercado", ha subrayado el líder de la formación naranja, que apuesta por que los propios jueces elijan a los doce vocales de extracción judicial.
Es ésa una reivindicación tradicional de las asociaciones de jueces, que han convocado junto a las asociaciones de fiscales una huelga para el 19 de noviembre.
Un juez discreto
Con 20 años a sus espaldas como juez de la Sala de lo Penal del Supremo, el discreto Andrés Martínez Arrieta acaparará próximamente los focos al apuntar casi con toda probabilidad a la presidencia del juicio del "procés", en sustitución de Manuel Marchena, candidato de Gobierno y de PP a presidir el CGPJ.
La previsible salida de Marchena no solo ha hecho que Martínez Arrieta apunte a ocupar su puesto en la presidencia del tribunal del 1-O, sino que también abre la puerta a que entre una séptima integrante, la progresista Susana Polo, configurando así un tribunal aparentemente menos conservador que el inicialmente previsto.
Los que conocen a Martínez Arrieta (Logroño, 1955) le definen como un juez de carácter discreto y prudente, de trato amable en lo cercano y bastante correcto.
Destacan el prestigio y el sentido de la responsabilidad de un magistrado que se convirtió hace ya varias décadas en el vocal más joven del Consejo General del Poder Judicial.
Antes fue juez de primera instancia de Instrucción de Azkoitia (Guipúzcoa) y también pasó por la localidad de Móstoles, el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid y la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid.
Consiguió una plaza en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en 1989 y casi una década después, en 1998, se convirtió en el miembro más joven de la Sala de lo Penal del alto tribunal, a la que ascendió cuando contaba 43 años.
Desde entonces ha llevado temas de gran relevancia como la ponencia de la sentencia que mantuvo la inhabilitación para el dirigente abertzale Arnaldo Otegi hasta 2021, tal y como dictaminó la Audiencia Nacional, por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
Un caso por el que recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la aparente parcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que formó parte del tribunal que dictó la sentencia contra Otegi.
No fue ese, sin embargo, el caso más mediático de este magistrado. En su etapa como juez de instrucción de Madrid, en los años ochenta, Martínez Arrieta instruyó el famoso sumario por la desaparición de Santiago Corella, "El Nani", un delincuente común detenido el 13 de noviembre de 1983 por funcionarios de la policía judicial de Madrid y posteriormente desaparecido.
Antes de llegar al Supremo, Martínez Arrieta también estuvo a cargo de la instrucción del sumario por el incendio de los Almacenes Arias, en el que murieron diez bomberos.
Considerado más progresista que Marchena, Martínez Arrieta formó parte del comité fundador de la asociación judicial Francisco de Vitoria aunque su activismo asociativo ha descendido bastante en los últimos años, según comentan a Efe fuentes jurídicas.
Pese a su carácter discreto, de él también se destaca su disponibilidad y tono amable con los medios en los años en los que el Tribunal Supremo carecía de gabinete de prensa.