El titular del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha aceptado la personación del Estado como acusación particular en la causa que investiga la venta de 2.935 viviendas sociales del Ivima en el año 2013 al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs realizada por la Comunidad de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado día 12 de septiembre, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, que la Abogacía General del Estado se iba a personar como acusación particular en los procesos penales abiertos por la venta a fondos buitre de miles de viviendas de alquiler social, hecha por los gobiernos del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

En una providencia fechada el 21 de septiembre, el juez Juan Ramón Reig da "por personado y por parte en calidad del perjudicado al abogado del Estado en nombre y representación de la Administración General del Estado-Ministerio de Fomento", de cara a las sucesivas actuaciones en la forma y modo prevista en la ley.

Según esta providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el magistrado del Juzgado número 48 ordena que se "ponga esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y demás partes personadas".

Contra esta providencia del juzgado que investiga la operación realizada por la Comunidad de Madrid cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.

Este procedimiento, que se halla en fase de diligencias previas, investiga un presunto delito de malversación por parte del ex director general de Vivienda en la Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen Rodríguez, y su sucesora en el cargo, Ana Gomendio López de Asiaín.