> El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha advertido este lunes en rueda de prensa de que la escolarización masiva de niños marroquíes ordenada por el Ministerio de Educación en los colegios de la ciudad supone "un efecto llamada que situaría a Melilla ante una marroquinización".

En cambio, el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, ha asegurado que este proceso de matriculación extraordinario no se ha incluido a ningún niño marroquí "con la alarma que se ha intentado generar", ya que son "alumnos que están viviendo en Melilla y que han demostrado su arraigo en la ciudad".

Frente a los 700 nuevos alumnos que señala Imbroda, Berbel niega esa cifra aunque admite que son 200 alumnos en situación administrativa irregular, "pero que han demostrado arraigo en la ciudad presentando diversa documentación".

En su comparecencia, Juan José Imbroda ha destacado que "si es grave la escolarización extraordinaria de cientos de alumnos ordenada por el Ministerio de Educación, más lo es que el director provincial haya dicho esta mañana que los hijos de los trabajadores transfronterizos tienen derecho a matricularse en Melilla".

En este punto, el también presidente del PP de Melilla ha recordado que "en nuestra ciudad hay casi 5.000 personas en esa situación y solo con que tuvieran una media de dos hijos estaríamos hablando de otros 10.000 alumnos", por lo que a su juicio y sin ánimo de dramatizar "las declaraciones del director provincial de Educación pueden dar lugar a una situación muy grave y a un efecto llamada que nos situaría a Melilla ante una marroquinización".

Juan José Imbroda ha dejado claro que "la Convención Internacional de los Derechos del Niño obliga a todos los países a escolarizar a sus menores no a que todos los niños del mundo sean escolarizados en España".

Asimismo, ha subrayado que "Melilla no puede atender a todos los marroquíes" y ha aclarado que "en la ciudad se escolariza tanto a los hijos de los inmigrantes que residen legalmente en la ciudad como a los menores extranjeros no acompañados.

A día de hoy, en Melilla van al colegio unos 300 niños tutelados por la Ciudad Autónoma y otros muchos que entran cada día por el paso fronterizo de Mariguari".

El presidente ha apuntado también que "lo que no puede hacer Melilla es escolarizar a más marroquíes ni saltarse las disposiciones legales, que en este caso exigen al niño que quiera matricularse en un centro educativo estar empadronado en la ciudad".

Juan José Imbroda, quien ha insistido en que "el problema no es que entren 200 niños, sino el boquete que se abre ante la posibilidad de matricular a los hijos de los 5.000 trabajadores transfronterizos que pasan cada día a Melilla", ha aseverado que "Marruecos está obligado a escolarizar a sus menores, porque tiene centros".

Ha anunciado que "los servicios jurídicos del PP están estudiando la interposición de una denuncia por prevaricación contra quienes han emitido la orden de matriculación a niños que no cumplen los requisitos establecidos en la norma publicada en el BOE".

Por último, ha hecho un llamamiento a los partidos de la oposición, "para que rectifiquen y se opongan a la apertura de una puerta como quieren abrir, y que se pongan al lado del PP, porque en este caso, no sirven posturas que vayan en contra de los intereses de Melilla y los melillenses". "Lo que no queremos es que Melilla se vaya al garete", ha concluido.

POSICIÓN DEL MINISTERIO

El director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, ha desmentido por su parte la escolarización de 700 niños marroquíes en el sistema de sistema educativo de la ciudad, tal y como ha afirmado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, "sin conocer los datos objetivos".

"Más allá del revuelo levantado, con escaso o nulo conocimiento de la situación y el proceder jurídico, se ha dado respuesta a la demanda de los menores donde el único requisito a estimar para la escolarización es tener de 6 a 16 años en el momento que demuestre su arraigo en la Ciudad", ha explicado Berbel, para referirse a los cerca de 200 niños ahora escolarizados que viven en Melilla, "aunque en una situación administrativa irregular" ha reconocido el representante ministerial.

Berbel ha insistido en que "el padrón no es determinante para la escolarización o no de un alumno" y que por encima de una orden está la legislación estatal, europea y los acuerdos internacionales "que garantizan la escolarización de los menores que residan en el país".

El máximo responsable de Educación ha querido dejar claro que en este proceso de matriculación extraordinario no se ha incluido a ningún niño marroquí "con la alarma que se ha intentado generar", ya que son "alumnos que están viviendo en Melilla y que han demostrado su arraigo en la Ciudad".

De hecho, Berbel ha asegurado que había gran cantidad de casos sin atender a su llegada a la Dirección Provincial. "Si se hubieran subsanado en su momento, en el mes de septiembre yo solo tendría que haber atendido a 110 de esos 640 casos".

Ha asegurado que de los cerca de 200 alumnos que han demostrado que viven en la ciudad, "hay 28 más a la espera de probar documentalmente su arraigo en Melilla". La documentación que se les ha pedido a todos, según ha explicado Berbel, ha sido la tarjeta sanitaria, contratos de trabajo, facturas de luz, datos fiscales, etc. "Cualquier documento que acredite que esa persona efectivamente reside en Melilla" ha detallado

Berbel ha explicado que la escolarización extraordinaria que se ha efectuado con los menores en situación administrativa irregular es similar a la que se ha producido en Ceuta. Sin embargo, ha recordado que allí ha sido la Fiscalía la que ha tenido que instar al Ministerio de Educación a escolarizarlos.

En cuanto a las declaraciones del presidente Imbroda y varios miembros del Gobierno local, que dicen que van a llevar el proceso al Congreso y acusan a la Dirección Provincial de Educación de haber cometido los delitos de prevaricación y malversación, Berbel ha mencionado que "llegan tarde, ya que la cuestión de Ceuta se llevó a la Cámara, de la mano del PSOE y Amaiur, pero en el sentido de Proposición de Ley para escolarizar a los menores que viven de forma continua, efectiva y demostrable en la ciudad".

"El Defensor del Pueblo, que no es sospechoso de estar politizado, se interesó el verano pasado por la situación de esos niños cuya exclusión de las aulas fue puesto igualmente en conocimiento del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU. Cualquier cargo político de la corporación local se va a rebelar contra estos organismos", ha concluido.