El abogado Gonzalo Boye, que forma parte del equipo de letrados que defienden al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus exconsejeros huidos a Bélgica, ha solicitado al Colegio de Abogados de Madrid que le ampare respecto a "las amenazas, injurias y calumnias" que sufre en los últimos días a cuenta de la presentación de la demanda civil que ha presentado ante la justicia belga contra el instructor de la causa del ''procés'' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Se da la circunstancia de el Colegio de Abogados tiene sobre la mesa una queja presentada contra este mismo letrado por el eurodiputado Enrique Calvet, del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.

Calvet pide al Colegio que sancione a Boye como responsable de la inclusión en la demanda en Bélgica de una traducción tergivesada de las manifestaciones realizadas por el juez Llarena en un acto privado con el objetivo de cambiar su significado, de modo que pareciera que daba por hecho los delitos de los que se acusa a los investigados por el proceso de independencia de Cataluña. Sobre estas palabras del magistrado español pivota la demanda en la que se pide al magistrado del Tribunal Supremo que indemnice a Puigdemont y sus consejeros por falta de imparcialidad.

QUEJA TAMBIÉN PRESENTADA EN BÉLGICA

Este lunes, el eurodiputado ha trasladado una queja similar al Colegio de Abogados de Bruselas, con el objetivo de que sea examinada no solo la conducta de Boye, sino también de los principales abogados belgas que forman la defensa de Puigdemont y los exconsellers huidos a Bélgica: Christophe Marchand, Michèle Hirsch y Paul Bekaert.

En concreto, Calvet pide al Colegio de Abogados de Bruselas que examine el comportamiento deontológico de los letrados, para aclarar su "nivel de responsabilidad" en la traducción errónea de las declaraciones de Llarena utilizadas para armar la demanda civil presentada contra el magistrado ante los Tribunales belgas.

"Es evidente que la prioridad de los fugitivos españoles consiste en utilizar la estructura judicial belga para fines políticos y propagandísticos", se queja el eurodiputado liberal en su escrito, después de sostener que el objetivo de la demanda de Puigdemont y los exconsellers es "atascar la Justicia belga y dar apariencia de legitimidad a la causa separatista".

Así las cosas, Calvet pide la actuación del Colegio de Bruselas, a quien pide también que traslade su queja al Colegio de Abogados de Brujas para ocuparse del caso de Paul Bekaert, y reclama que se examine tanto el papel jugado por estos abogados en la "manipulación" de las declaraciones y como posibles "medidas disciplinarias".

Por su parte, Boye ha confirmado a Europa Press la preSentación de su queja y ha señalado que busca que el Colegio de Madrid le ampare "para Garantizar la libertad e independencia imprescindible de la Abogacía en un Estado de Derecho".

La representación letrada del expresident Carles Puigdemont insiste cambio de las palabras atribuidas al magistrado español en el texto inicial de la demanda -de las que podría inferirse una falta de imparcialidad*respecto a la investigación a los exmandatarios catalanes- no puede ser atribuido en ningún caso a una supuesta manipulación posterior a la traducción al castellano del citado documento procesal.

Según esta parte, el mencionado error -figura la expresión "oui c''est ce qui s''est produit" que significa "sí, eso es lo que sucedió", cambiando así el significado de las palabras de Llarena respecto a la actuación de los investigación- ya figuraba en la documentación remitida a la agencia de traductores.

Al ser esto así, no cuadra con la versión de la intérprete de que ella se limitó a traducir en su totalidad el documento en francés que se le remitió por los abogados belgas, puesto que en su declaración jurada sí se respetan las palabras reales pronunciadas por Pablo Llarena dejando en condicional la supuesta comisión de delitos por Puigdemont y sus exconsejeros.

Según las mismas fuentes, la explicación de lo ocurrido estriba en que la intérprete no tradujo dicho párrafo del francés -contrariamente a lo que afirmaba ayer- y acudió directamente a la manifestación en castellano que también figuraba en el documento, cosa que no advirtió en un pie de página, por ejemplo. Esta es la razón por la que el error se arrastró hasta la presentación de la versión definitiva.

Por todo ello, esta parte rechaza que se pueda hablar de manipulación alguna y ya ha anunciado que pondrá en conocimiento de la justicia belga el citado error, que fue descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales de la disonancia entre las declaraciones reales, grabadas en vídeo, y las recogidas en la demanda civil.