El conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Chakir El Homrani, ha lamentado que ve "buenas palabras, pocos hechos" en la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que ha tenido falta de transparencia y de previsión en asuntos como la llegada de menores no acompañados, con unos 825 llegados en julio y agosto en Catalunya.

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que ha sido un verano complejo, con días en los que llegaban 40 o 60 chicos, y la Generalitat ha tenido que hacer dos resoluciones de emergencia para crear plazas --en coordinación con el tejido local y municipal-- para estos jóvenes sin referentes familiares, que prevén que asciendan a 4.000 en todo el año, frente a los 400 de 2015.

"Cuando llegan a Catalunya han entrado por frontera. Se tienen que controlar las cifras y no puede ser que no tengamos una planificación", ha dicho dirigiéndose al Gobierno central, y ha lamentado que aunque le pidieron una reunión específica a principios de julio, no se realizó hasta agosto y ésta fue genérica, sobre inmigración.

Más allá de la primera acogida, ha reclamado al Estado que agilice la regularización de estos niños y adolescentes, que llegan en situación vulnerable pero tienen mucho potencial para aportar a la sociedad: "Si salen sin regularizar su situación administrativa, directamente lo que hacemos es excluirlos, directamente los llevamos hacia la economía sumergida. No tiene ningún sentido".

Al preguntársele cómo valora la política migratoria de Sánchez, ha afirmado: "El actual Gobierno tiene buenas palabras, parece que compartimos elementos de base, pero hechos concretos no hemos visto ni uno", con excepción de las devoluciones de migrantes realizadas en la frontera sur, que considera que pueden ser discutibles desde el punto de vista de los derechos humanos.

REFUGIADOS

"No se analiza si podrían tener derecho a asilo o refugio" y falta una buena gestión de costas y, especialmente, de atención humanitaria, ha dicho, además de recalcar que, con la única excepción de los casos de menores, las actuales llegadas migratorias son inferiores a las de otros periodos y son asumibles.

Sobre la atención en costas, ha explicado que el Ejecutivo catalán trabaja con los Puertos de la Generalitat para "generar protocolos" que detecten personas susceptibles de pedir asilo e introducirlas en el sistema de protección, pero son puertos en los que saben que no llega mucha gente, y no tienen competencias en el de Barcelona y el de Tarragona, más grandes.

Ha criticado al Estado que dé órdenes de expulsión a la mayoría --que suponen estar "como mínimo tres años fuera del sistema"--, aunque no pueda realizarlas, en lugar de dar permisos temporales de trabajo, como hacen otros países que son en realidad más duros en sus fronteras.

Ha cifrado en 1.700 los refugiados que hay actualmente en Catalunya dentro del programa europeo de asilo y, sobre Europa, ha afirmado: "Hemos normalizado el incumplimiento del derecho marítimo este verano, no puede ser. Hace falta una respuesta bien coordinada por parte de todos los estados", que no puede pasar por tener que hacer acuerdos entre seis países para solo un centenar de personas, como el caso del Aquarius.