El Ministerio del Interior ha relevado al coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí como jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de ese cuerpo por pérdida de confianza, han informado a Efe fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

El cese lo ha firmado la secretaria de Estado de Interior, Ana Botella, a propuesta del director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y responde a la decisión de Sánchez Corbí de suspender las actividades de la UCO que requirieran el uso de fondos reservados al haberse agotado esa partida.

Las fuentes de Interior han explicado que el coronel adoptó y comunicó esa decisión de forma unilateral, sin consultar ni recibir instrucciones de sus superiores, y, con ella, pudo comprometer el éxito de alguna investigación.

Además, la misma fuente ha añadido que la partida global de fondos reservados se estaba sometiendo a revisión por parte del nuevo equipo de Interior, lo cual no quiere decir que no se pudieran liberar partidas concretas.

Sánchez Corbí, que se encuentra de vacaciones, ha recibido esta mañana la revocación y ha comunicado a sus subordinados la decisión, según otras fuentes conocedoras de la misma.

El pasado viernes 27 de julio se filtró a los medios una comunicación interna en la que el jefe de la UCO informaba de que se había agotado la caja de fondos reservados correspondientes a la unidad, con lo que se suspendía cualquier actividad que requiera el uso de esa partida.

Sánchez Corbí comunicaba la imposibilidad de hacer frente a necesidades económicas derivadas de los gastos propios de funcionamiento de los distintos departamentos de investigación y apoyo.

La UCO es un equipo de elite que se encarga de investigar presuntas tramas de corrupción (desde los ERE a la Púnica o Lezo, entre otros muchos) y los casos más complicados de homicidios, desapariciones, secuestros, mafias, drogas o ciberdelincuencia.

Ha estado implicada, entre otras causas, en la investigación de desapariciones como las de Diana Quer o el niño Gabriel.

Sánchez Corbí contaba con el apoyo de los integrantes de la unidad y su destitución ha sido recibida con sorpresa entre las asociaciones del cuerpo, que señalan que es atípico que se cese de este modo a un algo mando y que se suele invitar a la persona a que pida destino de forma voluntaria.

El hasta ahora jefe de la UCO, el único coronel que estuvo en la toma de posesión de Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, ha enviado un mensaje a sus compañeros agradeciéndoles su trabajo e instándoles a continuar por el mismo camino.

Sánchez Corbí trabajó durante 25 años en el País Vasco en la lucha contra ETA y llegó a ser jefe de Operaciones contra la banda terrorista del Servicio de Información de la Guardia Civil.

En 2015 Francia lo condecoró con la Legión de Honor, su máxima distinción, por su papel en la lucha contra ETA y por la colaboración con el país vecino.

En los 90 fue condenado junto a otros dos guardias civiles a un año de cárcel y seis de inhabilitación por torturas a un presunto etarra detenido en Basauri en 1992 en una operación antiterrorista, pero el Gobierno lo indultó.

En una entrevista con Efe el año pasado, Sánchez Corbí reveló que la UCO tiene que rechazar a menudo nuevas investigaciones por falta de medios, sobre todo personales.

Al frente de 400 agentes ubicados en Madrid y de otros 100 de los equipos de investigación contra el crimen organizado, conocidos como los ECO y repartidos por distintos puntos de España, el coronel opinaba que la UCO se había ganado el reconocimiento como garantía de "eficacia y de seguridad" en un clima social crispado por la crisis y la corrupción.

Junto al escritor Lorenzo Silva y el periodista Gonzalo Araluce, presentó el año pasado los libros "Historia de un desafía", en su versión larga, y "Sangre sudor y paz", la versión corta de una obra en la que se narran cincuenta años de lucha de la Guardia Civil contra ETA.

La corrupción ha centrado buena parte del trabajo de la UCO en los últimos años y el pasado noviembre Sánchez Corbí compareció en la comisión que investigaba en el Congreso la presunta financiación ilegal del PP.

Se acogió al secreto de las investigaciones para no desvelar ninguna pesquisa, pero fue rotundo al negar presiones políticas en la labor de la unidad.