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CASO ITV

La Audiencia condena a dos años y medio a Oriol Pujol por cobrar comisiones

Barcelona, EFE
27/jul/18 12:24 PM
eldia.es
El exdirigente de CDC, Oriol Pujol, en la Audiencia de Barcelona, junto a su esposa, para ratificar ante el juez el acuerdo que firmó con la Fiscalía./Marta Pérez (EFE)

La Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años y medio de cárcel al exdirigente de CDC Oriol Pujol por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines, a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios en el llamado caso ITV.

En su sentencia, que es firme, la magistrada presidenta del tribunal popular que debía juzgar el caso, Carmen Zabalegui, da por bueno el acuerdo que los seis acusados del caso ITV alcanzaron con la Fiscalía para librarse de ser juzgados por un jurado, en el que reconocen formar parte de una trama corrupta de pago de comisiones.

La magistrada convocará a las partes a una vista para resolver sobre la ejecución de la sentencia, que podría implicar el ingreso en prisión de Oriol Pujol, aunque su abogado ya anunció que pedirá la suspensión de la pena de cárcel invocando un artículo de la última reforma del Código Penal que le permitiría eludirla al no superar los dos años ninguno de los tres delitos por los que ha sido condenado: falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias.

Sin embargo, en la vista ante la juez de instrucción en la que se fraguó el pacto hace un año, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ya anunció que pediría el ingreso en prisión del exdirigente y exdiputado de CDC, que con su condena queda inhabilitado para ejercer cualquier empleo o cargo público durante dos años.

Oriol Pujol, único hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol que se dedicó a la política hasta que dimitió asediado por los casos de presunta corrupción que involucraban a él y a su familia, también permanece investigado en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por la fortuna del clan oculta en Andorra.

La sentencia del caso ITV condena al político convergente a una multa de 76.000 euros, después de que reconociera haber cobrado comisiones ilegales a cambio de favorecer a los empresarios investigados en varias operaciones mercantiles, en las que llegó a facilitarles el acceso al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Entre las operaciones en que Pujol reconoce haber intervenido a favor de los empresarios afines, entre los años 2011 y 2012, figura la reconversión industrial de Sharp en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y la deslocalización de la compañía Yamaha.

Pujol ha admitido que cobró 381.450 euros en mordidas a través de las facturas por trabajos inexistentes que su esposa Anna Vidal giraba a su amigo íntimo, el empresario Sergio Alsina, en una trama en la que intermedió el exnúmero dos de la Diputación de Barcelona y excargo de CDC Josep Tous, quien ha aceptado cinco meses de cárcel sustituibles por una multa de 22.500 euros.

Además, la trama había previsto que Oriol Pujol cobrara otros 55.000 euros por su participación en una sociedad que iba a beneficiarse en el reparto de lotes de las licencias de ITV en Cataluña, según el nuevo plan territorial de estaciones que había diseñado Josep Tous.

El ex número dos de la Diputación de Barcelona, sostiene la sentencia, fue nombrado en 2011 mediador en el sector de las ITV por el ex secretario general del Departamento de Industria y Ocupación Enric Colet, quien está a la espera de juicio por esa contratación irregular, a sugerencia de Oriol Pujol, que aprovechaba así su "doble condición" de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general de CDC.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona condena además a dos años de cárcel a Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, y a penas de cárcel sustituibles por una multa de 83.210 euros a Anna Vidal.

Los empresarios Ricard Puignou y Sergi Pastor, por su parte, han sido condenados a penas de cinco meses sustituibles por multas de 60.000 euros, por delitos de cohecho y tráfico de influencias, tal y como aceptaron ante la presidenta del tribunal popular.

La sentencia incluye el decomiso de 333.838 euros a los acusados por las comisiones ilegales pagadas.

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